Miradas del sur global sobre la justicia ambiental

¿A quiénes nos referimos? ¿Qué modelos ponemos en cuestión? ¿Y qué otras formas de relacionarnos con el medio ambiente podemos imaginar como sociedad?

Estas son preguntas sin una única respuesta, pero que resultan fundamentales para abrir conversaciones urgentes sobre sostenibilidad, desigualdad y transformación. En América Latina, donde los conflictos ambientales se entrelazan con historias de exclusión, despojo y violencia, hablar de justicia ambiental exige ir mucho más allá de la conservación o la eficiencia energética. Supone, sobre todo, examinar las estructuras de poder que determinan quiénes deciden, quiénes se benefician y quiénes asumen los costos del deterioro ambiental.

Desde TREES creamos este especial de “Justicia ambiental” con el propósito de fomentar estas conversaciones y debates que nos atraviesan como sociedad. Lo hacemos partiendo de una convicción compartida: la justicia ambiental no puede pensarse al margen de la justicia social.

Más que ofrecer respuestas cerradas, este especial busca abrir un espacio de exploración colectiva sobre las múltiples formas en que la economía, la política y la vida cotidiana se entrelazan en los territorios que históricamente han cuidado la naturaleza.

Para guiar este recorrido, organizamos los contenidos en siete pilares temáticos, concebidos como distintos lentes para aproximarnos a los desafíos de la crisis socioambiental en Colombia, que no impacta a todos por igual. Mientras algunas poblaciones cargan con las consecuencias más severas de la degradación ecológica, otras se benefician de los mismos modelos extractivos que la producen.

Surge entonces una paradoja difícil de ignorar: ¿qué estructuras históricas y políticas de exclusión sostienen esta desigualdad ambiental? ¿Cómo pensar una justicia que no solo denuncie las asimetrías, sino que reponga, reconozca y priorice a las comunidades afectadas, al mismo tiempo que coloque el cuidado de la naturaleza en el centro de la vida colectiva?

A través de voces provenientes de la investigación, el periodismo, los movimientos sociales y las instituciones públicas y privadas, proponemos una conversación plural y crítica, que reconozca las tensiones, contradicciones y también las posibilidades de transformación en este momento histórico.

1. ¿Qué entendemos cuando hablamos de justicia ambiental?

La justicia ambiental no nació como una prolongación de la agenda verde tradicional. Mientras esta última suele centrarse en la conservación de la naturaleza, la protección de ecosistemas o el desarrollo sostenible desde una mirada institucional, la justicia ambiental emerge como una respuesta social y política frente a la distribución profundamente desigual de los daños ambientales. Mientras algunas poblaciones soportan la mayor carga de los daños ecológicos, otras se benefician de los modelos extractivos que los generan.

Esa desigualdad no es fortuita: históricamente, las comunidades empobrecidas y racializadas han estado más expuestas a la contaminación del aire, del agua y del suelo, a los residuos tóxicos y a proyectos extractivos o industriales de alto riesgo. En muchos lugares del mundo, vivir junto a un vertedero, una refinería o una carretera de alto tráfico no es cuestión de azar, sino el resultado de estructuras políticas, económicas y territoriales que benefician a unos sectores mientras trasladan a otros los costos del deterioro ambiental, con efectos directos sobre la salud física, mental y, en general, sobre la posibilidad de llevar una vida digna.

Esta conciencia sobre la distribución desigual de los daños ambientales empezó a visibilizarse en Estados Unidos durante las décadas de 1970 y 1980. Fue entonces cuando comunidades locales —particularmente afrodescendientes— se organizaron para denunciar cómo eran sistemáticamente las más afectadas por la contaminación industrial, los vertederos tóxicos y otras formas de degradación ambiental.

El concepto de justicia ambiental surgió de las luchas impulsadas por comunidades afrodescendientes en Estados Unidos. Se trata de una noción que va más allá de la protección y conservación del medio ambiente: exige también equidad, reparación histórica y la participación activa de las comunidades en las decisiones que afectan sus territorios.

Un ejemplo emblemático de injusticia ambienta es el caso de Louisiana Energy Services (LES), que en 1989 obtuvo permiso para construir plantas de enriquecimiento de uranio en zonas con alta pobreza y con mayoría de población afroamericana. Este caso, como explica Iván López en un artículo publicado en Eunomía. Revista en Cultura de la Legalidad, fue clave para el desarrollo conceptual de la justicia ambiental, al evidenciar cómo las decisiones sobre riesgo ambiental suelen recaer desproporcionadamente sobre comunidades racializadas y empobrecidas.

Fuente: imagen tomada del artículo “Origen y evolución del movimiento de justicia ambiental”.

Desde entonces, el concepto trascendió sus orígenes locales y fue incorporado por movimientos ecologistas, organizaciones multilaterales y comunidades afectadas en diversas regiones del mundo, especialmente en el sur global. Para comienzos del siglo XXI, la justicia ambiental ya no se limitaba a denunciar el racismo ambiental en Estados Unidos: se había consolidado como una herramienta crítica para analizar cómo las relaciones entre poder, territorio, desigualdad y medio ambiente generan impactos desiguales sobre distintos grupos sociales.

En la actualidad, este lente se aplica en contextos tan diversos como:

• El Amazonas brasileño, donde pueblos indígenas como el Mundurukú resisten la minería ilegal y a las represas hidroeléctricas que amenazan sus territorios.

Foto de: https://www.dw.com/de/illegale-abholzung-und-bergbau-bedrohen-gemeinden-im-amazonasgebiet/a-45656372

• Las periferias urbanas de América Latina, como Villa Inflamable en Buenos Aires o Iztapalapa en Ciudad de México, donde comunidades viven expuestas a contaminación del aire, del agua y del suelo.

Foto de: https://elpais.com/internacional/2018/02/14/argentina/1518638112_243046.html

Foro de: https://gacetadeiztapalapa.com.mx/en-iztapalapa-debemos-erradicar-los-tiraderos-a-cielo-abierto-fortalecer-al-personal-de-limpia-y-mejorar-la-infraestructura/

• Los desiertos africanos, como en Níger , donde la minería de litio han desplazado a comunidades.

Foto de: https://es.euronews.com/green/2024/12/12/el-lado-oscuro-de-la-mineria-de-litio-en-nigeria-pobreza-infantil-y-explotacion-laboral

• El Sudeste Asiático, donde megaproyectos como la represa Xayaburi en Laos o las plantaciones de palma aceitera en Indonesia han implicado despojo de tierras, deforestación y pérdida de biodiversidad.

Tomado de: https://www.infobae.com/america/the-new-york-times/2020/02/17/el-paraiso-natural-que-esconde-la-muerte-a-causa-de-la-construccion-de-represas/

Tomado de: https://www.worldwildlife.org/descubre-wwf/historias/cumbre-amazonica-debe-resultar-en-compromiso-coordinado-y-efectivo-de-los-paises-para-la-conservacion-del-bioma-y-el-desarrollo-sostenible

2. Formas en que se expresa la injusticia ambiental

Las desigualdades ambientales no se limitan al ámbito local: también se manifiestan a escala global. El sur global —entendido como aquellas regiones históricamente marginadas del poder económico y político, como América Latina, África y gran parte de Asia— soporta los impactos más severos del deterioro ambiental, pese a haber contribuido mucho menos a sus causas.

De acuerdo con el World Air Quality Report de IQAir, nueve de los diez países con peor calidad del aire se encuentran en el sur global, mientras que los principales emisores históricos —como Estados Unidos, Alemania o Reino Unido— no aparecen en esa lista. Esta disparidad revela un patrón estructural de distribución desigual de cargas y responsabilidades ambientales.

Los países más desarrollados han externalizado parte de los costos ambientales de su crecimiento hacia otras geografías.

De acuerdo con este reporte, 9 de los 10 países con peor calidad del aire están en el sur global:

1. 🇹🇩 Chad.
2. 🇧🇩 Bangladés.
3. 🇵🇰 Pakistán.
4. 🇨🇩 República Democrática del Congo.
5. 🇮🇳 India.
6. 🇹🇯 Tayikistán (el único país de la lista del norte global).
7. 🇳🇵 Nepal.
8. 🇺🇬 Uganda.
9. 🇷🇼 Ruanda.
10. 🇧🇮 Burundi.

Sobre esta misma desigualdad, el informe “Places and Spaces. Environments and Children’s Well-being” de UNICEF advierte que muchas naciones del norte global garantizan condiciones óptimas para sus futuras generaciones a costa de intensificar la degradación ambiental en otras regiones del mundo.

Esto se observa, por ejemplo, en la forma en que muchos países del norte global han reducido sus impactos ambientales locales trasladando actividades contaminantes, residuos o demandas extractivas hacia otras regiones. Aunque internamente logran garantizar mejores condiciones de vida —como aire más limpio, acceso a zonas verdes o regulaciones estrictas—, su huella ecológica se proyecta sobre el sur global, donde se concentran las cargas asociadas a la extracción de recursos, la producción industrial o la disposición final de desechos.

Algunos ejemplos ilustran estas dinámicas:

• En Centroamérica, comunidades indígenas y campesinas enfrentan sequías y tormentas cada vez más extremas como consecuencia del cambio climático.

• En Colombia, el pueblo U’wa —que habita territorios de páramo en el nororiente del país— ha resistido durante décadas la expansión petrolera. Para esta comunidad, la tierra es sagrada y el petróleo constituye “la sangre de la Tierra”, por lo que su defensa articula dimensiones espirituales, ambientales y políticas.

• En África, el auge de los agrocombustibles ha incrementado el precio de los alimentos, con graves repercusiones sobre la seguridad alimentaria local.

• En Asia, la producción masiva de aceite de palma en Indonesia ha provocado deforestación y una significativa pérdida de biodiversidad.

Incluso, algunas estrategias impulsadas por organismos internacionales, que en principio buscan mitigar el cambio climático, han generado tensiones importantes. Un ejemplo es REDD+ (Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación de los Bosques), un mecanismo que promueve la conservación de los bosques tropicales como forma de “capturar” carbono, permitiendo que países o empresas compensen sus emisiones a través de proyectos forestales en el sur global.

Sin embargo, aunque organismos internacionales como la ONU, el Banco Mundial y gobiernos donantes del Norte Global han promovido REDD+ como una solución climática, en múltiples contextos este mecanismo ha sido cuestionado por comunidades indígenas y afrodescendientes en países como Colombia, Brasil y Perú, quienes denuncian que se ha implementado sin consulta previa ni participación plena. Estas comunidades han señalado que el mecanismo puede reforzar desigualdades en el acceso, control y distribución de los beneficios derivados de los bosques. En algunos casos —como reportan organizaciones indígenas amazónicas agrupadas en la COICA—, los proyectos han provocado desplazamientos o han restringido formas tradicionales de vida, en nombre de una conservación impuesta desde afuera.

En TREES hicimos un video en el que participan Juan Camilo Cárdenas, docente e investigador de la Facultad de Economía de la Universidad de los Andes, y Julia Miranda, representante a la Cámara y exdirectora de Parques Nacionales de Colombia. En la conversación, analizan el mercado de bonos de carbono y los alcances y limitaciones actuales de los mecanismos REDD+ en Colombia. Lo puedes ver aquí:

La crisis socioambiental en Colombia no impacta a todos por igual. Mientras algunas poblaciones soportan la mayor carga de los daños ecológicos, otras se benefician de los modelos extractivos que los generan. ¿Cómo se explica esta paradoja? ¿Qué estructuras de exclusión siguen reproduciendo la desigualdad ambiental en el país? Y, sobre todo, ¿qué implicaría avanzar hacia una justicia ambiental que repare, reconozca y priorice a las comunidades afectadas, mientras pone en el centro el cuidado de la naturaleza?

Frente a estos desafíos, emergen diversas estrategias, debates y apuestas orientadas a reconfigurar la relación entre sociedad y naturaleza desde perspectivas más justas y sostenibles. En este especial nos proponemos mapear algunas de esas preguntas clave:

• ¿De qué manera es posible impulsar una transición ecológica que no reproduzca ni amplifique las desigualdades sociales existentes?

• ¿Qué modelos de desarrollo, de gobernanza y de producción de conocimiento se encuentran actualmente en disputa en este proceso?

• ¿Cuál es el papel de los diferentes actores sociales, políticos y económicos en la configuración de un futuro más justo?

Para abordar estas tensiones, organizamos el contenido en siete pilares temáticos, cada uno de los cuales ofrece una entrada particular para pensar los vínculos entre justicia ambiental, conocimiento y acción colectiva.

3. Siete pilares para pensar la justicia ambiental

Pilar 1: Las desigualdades en el día a día: el caso del huracán Iota

Con el propósito de mostrar cómo las comunidades experimentan de manera desigual los impactos del cambio climático, en este especial analizamos el caso del huracán Iota en Providencia. En noviembre de 2020, este fenómeno —el primero de categoría 5 en golpear el archipiélago— dejó una huella profunda en la vida de la comunidad raizal. Este evento fue más que una tragedia natural: significó una ruptura en la infraestructura, la economía y la cultura local. Para comprender mejor estas consecuencias desde la perspectiva comunitaria, conversamos con June Marie Mow, directora de la Fundación Providence, quien compartió cómo la isla ha enfrentado este proceso de reconstrucción y resistencia.

Las consecuencias fueron devastadoras: viviendas destruidas, vegetación arrasada y una comunidad enfrentando pérdidas materiales, afectaciones emocionales y transformaciones dolorosas en sus formas de vida. El proceso posterior de reconstrucción también reveló profundas desigualdades: muchas decisiones se tomaron sin participación local, se levantaron casas en zonas de riesgo y se perdieron prácticas culturales clave, como la recolección de agua en cisternas. Para quienes habitan la isla, el impacto del huracán persiste en las formas en que hoy se habita, se decide y se reconstruye el territorio.

Para narrar esta historia, diseñamos una infografía ilustrada. Conócela aquí:

El caso de Providencia ilustra con claridad la injusticia climática: territorios históricamente excluidos, con bajos niveles de inversión pública y capacidades institucionales limitadas, enfrentan de manera desproporcionada los efectos del cambio climático. No fue únicamente la fuerza del huracán Iota lo que devastó la isla, sino también las condiciones estructurales preexistentes que dificultaron la preparación, la respuesta y la recuperación.

Según el análisis Múltiples Colombias del BID, en la “Colombia Vulnerable”, a la que pertenece regiones como San Andrés y Providencia, más del 58 % de la población presenta al menos una necesidad básica insatisfecha, y solo el 36,8 % accede a agua de calidad. En contraste, departamentos como Bogotá, Antioquia o Valle del Cauca —integrantes de la “Colombia Consolidada”— registran un acceso al agua de calidad del 93,7 %, junto con niveles mucho más bajos de pobreza multidimensional.

Este contraste permite analizar cómo las condiciones estructurales determinan la manera en que se vive una emergencia. Una comparación con territorios más robustos en infraestructura, servicios básicos y capacidad institucional podría mostrar diferencias notables en la rapidez de la respuesta, en el acceso a ayudas humanitarias y en la posibilidad de reconstrucción.

Aun así, la comunidad no parte únicamente de sus carencias, sino también de sus capacidades. En Providencia, organizaciones como la Fundación Providence han trabajado para fortalecer la apropiación local de la gestión del riesgo y promover la participación activa en los procesos de reconstrucción.

En contextos donde el Estado llega tarde o plantea soluciones externas —muchas veces sin consulta previa y sin conexión con la realidad cultural y ambiental—, la resiliencia no es algo que pueda imponerse desde afuera: se fortalece en el territorio, a partir de la memoria y la organización colectiva.

Pilar 2: Investigaciones desde el sur global sobre justicia ambiental

Para el componente de investigación de TREES, resulta fundamental visibilizar y difundir conocimiento producido desde el sur global, precisamente porque son estos países los que enfrentan con mayor intensidad las manifestaciones de la injusticia ambiental. No todo este conocimiento ha sido financiado directamente por TREES, pero consideramos esencial amplificar investigaciones relevantes que cuestionan las desigualdades y aportan miradas situadas. El reto no es solo estudiar los problemas, sino hacerlo a partir de marcos, preguntas y metodologías ancladas en contextos concretos y en diálogo permanente con las comunidades directamente involucradas.

En esta línea, la economista María Alejandra Vélez, profesora titular de la Facultad de Economía de la Universidad de los Andes, ha investigado las tensiones que surgen cuando los mercados de carbono y los proyectos REDD+ se implementan en territorios con baja capacidad estatal y escasa participación comunitaria. En un estudio reciente liderado por Carolina Castro, destaca que los proyectos REDD implementados en el Pacífico colombiano tuvieron efectos importantes en la reducción de la deforestación y de los cultivos ilícitos en comunidades afro, en comparación con aquellas que no participaron en estos programas.

En sus estudios sobre REDD+, Vélez Lesmes y colegas han señalado, mediante análisis de implementación de políticas en contextos con baja capacidad estatal y poca participación efectiva, que emergen tensiones entre quienes promueven estos proyectos y las comunidades vinculadas. Estas tensiones, en muchos casos, derivan en cuestionamientos profundos por parte de líderes locales sobre el manejo del carbono y la gobernanza de sus territorios —aunque no documentados en entrevistas formales, reflejan la preocupación que suelen expresar estas comunidades cuando la información y la participación quedan relegadas.

En este Research Film, producido en el marco del especial “Justicia Ambiental”, la profesora Vélez explica en detalle los mecanismos REDD+, así como sus alcances y limitaciones actuales. Conócelo aquí:

Desde otra perspectiva, el economista Juan Camilo Cárdenas, profesor de la Facultad de Economía de la Universidad de los Andes, ha dedicado más de dos décadas al diseño de metodologías experimentales para comprender y abordar conflictos socioambientales complejos. En casos como el del páramo de Santurbán, su trabajo ha consistido en recrear —mediante juegos y simulaciones— los dilemas que enfrentan campesinos, mineros, funcionarios y habitantes urbanos en torno al uso del agua y los impactos de la minería. El objetivo no es ofrecer una fórmula técnica para resolver el conflicto, sino propiciar espacios de confianza, empatía y acción colectiva.

Estas investigaciones, producidas desde el sur global, cuestionan las formas tradicionales de producir conocimiento ambiental y abren preguntas sobre quién define el problema, qué voces son escuchadas y cuáles son las consecuencias de intervenir sin comprender las realidades locales.

En un momento en que abundan las soluciones técnicas y los compromisos globales en torno a un mundo más sostenible, este pilar subraya la necesidad de producir ciencia pertinente: conocimiento que dialogue con los territorios y con quienes experimentan directamente las consecuencias de la crisis socioambiental, al tiempo que construyen alternativas en su vida cotidiana. TREES busca desempeñar un rol puente entre debates del sur y del norte global, conectando experiencias locales con discusiones internacionales.

Pilar 3: Desde las aulas: profes enseñando justicia ambiental

¿Cómo enseñar sobre justicia ambiental enaulas dominadas por números, gráficas y curvas de oferta y demanda? El recurso pedagógico, Cambio climático al aula de clases: una exploración experimental del mercado competitivo, diseñado por Juan Camilo Cárdenas, Karen Castro y Sergio Díaz propone un camino: transformar la clase en un mercado de automóviles vivo, con vendedores, compradores y contratos que, tras varias rondas, revelan no solo quién gana y quién pierde, sino también quién asume los costos ocultos.

La simulación inicia como un mercado competitivo convencional: estudiantes que negocian precios y maximizan utilidades. Sin embargo, la verdadera lección aparece cuando irrumpe el costo ambiental: cada transacción implica un descuento colectivo que todos deben pagar, hayan participado o no.

El entusiasmo inicial se convierte entonces en debate: ¿es justo que todos asuman el mismo costo? ¿qué significa negociar en un mundo atravesado por externalidades como el cambio climático?

Este giro pedagógico convierte la teoría en experiencia. El aula deja de ser un espacio abstracto y se transforma en un laboratorio de justicia ambiental, donde se pone a prueba la tensión entre eficiencia y equidad, entre interés individual y responsabilidad colectiva. Al reflexionar sobre lo vivido, los y las estudiantes descubren que las decisiones económicas nunca son neutras: siempre redistribuyen beneficios y costos, y lo hacen, casi siempre, de manera desigual.

Al hacer visibles los costos ocultos y su distribución desigual, este tipo de experiencias abren conversaciones sobre la necesidad de replantear los supuestos que guían la economía contemporánea. De este modo, contribuye a imaginar modelos menos indiferentes a los daños que generan y más atentos a la equidad en la asignación de responsabilidades, señalando que la transformación hacia economías más justas y sostenibles no es solo deseable, sino necesaria.

Pilar 4: El rol de las empresas en la justicia ambiental

El sector empresarial es uno de los actores que más inciden en la configuración de los territorios. Su influencia no se limita a la capacidad económica, sino que se manifiesta también en las consecuencias que generan sus decisiones sobre el uso del suelo, el acceso a los recursos naturales y la transformación de las dinámicas territoriales —es decir, de las relaciones sociales, culturales, ecológicas y económicas que sostienen la vida en un lugar—. Esta incidencia se hace particularmente evidente en zonas rurales, áreas de frontera extractiva o regiones con alta biodiversidad, donde las operaciones empresariales pueden redefinir de manera profunda los modos de habitar, producir y decidir.

Por ello, el papel del sector privado en la justicia ambiental no se restringe únicamente a mitigar daños. Implica transformar sus formas de operar y asumir de manera explícita la responsabilidad por los efectos sociales y ecológicos de sus actividades. Como lo señala Laura Barajas, investigadora de la Fundación Ideas para la Paz, en el informe El potencial de las empresas para transformar territorios (2023): “las empresas no solo deben intervenir para reducir impactos, sino participar activamente en la construcción de bienestar colectivo en los lugares donde operan”.

Esto implica que las empresas reconozcan que la sostenibilidad no es únicamente un asunto técnico ni una estrategia de reputación, sino una dimensión ética fundamental del desarrollo empresarial.

En América Latina, la discusión sobre sostenibilidad empresarial ha evolucionado hacia una visión que reconoce la responsabilidad social, ética y ambiental como parte inseparable de la gestión organizacional. Como señala Miguel Muriel, profesor en la Universidad Internacional SEK, en la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas, en un análisis regional sobre sostenibilidad, “la empresa sustentable es absolutamente compatible con el desarrollo social y el económico”, y demanda una transformación de los modelos tradicionales de producción hacia procesos “alineados con el bienestar de la sociedad” y la “preservación del medio ambiente”.

Este enfoque —cada vez más adoptado por compañías conscientes del contexto medioambiental actual— propone que eficiencia y justicia ambiental no son mundos separados, sino prácticas que deben integrarse desde la planificación empresarial misma.

Una de las empresas que ha buscado avanzar en esta dirección es Grupo Argos, un conglomerado o empresa holding enfocada en el sector de infraestructura, con inversiones en sectores clave como la energía (Celsia), el cemento (Cementos Argos), las concesiones viales y aeroportuarias (Odinsa) y el desarrollo urbano Su actividad tiene impactos directos sobre el suelo, el agua y la biodiversidad, pero también sobre las comunidades donde opera. En los últimos años, ha comenzado a implementar estrategias de sostenibilidad enfocadas en la reducción de emisiones, la economía circular y el diálogo territorial.

Para este especial, conversamos con Ana María Uribe, gerente de sostenibilidad del Grupo Argos, para conocer cómo una empresa con alto impacto territorial en Colombia está repensando sus estrategias desde una perspectiva de sostenibilidad ambiental y responsabilidad social. Aquí puedes conocer más:

Los avances en sostenibilidad empresarial coexisten con modelos de negocio que generan impactos sociales y ambientales significativos, en particular en territorios históricamente marginados. Este panorama plantea interrogantes que invitan a un análisis más profundo:

• ¿En qué condiciones puede afirmarse que una estrategia empresarial es sostenible cuando implica la intensificación del uso de bienes comunes como el agua o la tierra?

• ¿Qué criterios serían pertinentes para evaluar el compromiso ambiental de una organización más allá del cumplimiento normativo o de la publicación de reportes voluntarios?

• ¿Qué transformaciones institucionales, económicas y organizacionales serían necesarias para que la sostenibilidad se traduzca en prácticas consistentes con los principios de justicia ambiental?

Pilar 5: Abrir la conversación: el rol del periodismo

¿Qué papel tiene en la construcción de justicia ambiental?

Esa fue la pregunta que guio nuestra conversación con Andrés Bermúdez, que ha mostrado cómo el periodismo ambiental no es solo una herramienta de información o divulgación, sino un ejercicio de monitoreo democrático: una práctica que observa, cuestiona y hace seguimiento al poder —institucional, empresarial y político— para exigir transparencia, rendición de cuentas y protección de los derechos colectivos, especialmente en contextos de alta conflictividad socioambiental.

A lo largo de su trayectoria, Bermúdez ha documentado tensiones profundas entre megaproyectos presentados como sostenibles y los derechos de las comunidades que enfrentan sus impactos.

Un caso emblemático es el proyecto de bonos de carbono en Cumbal, Nariño, investigado por Rutas del Conflicto. Allí encontró que una de las comunidades indígenas involucradas —pese a habitar el territorio y realizar labores de conservación— desconocía la existencia del proyecto, las transacciones de bonos ya realizadas e, incluso, los beneficios económicos que debería haber recibido. La investigación evidenció fallas graves en las salvaguardas sociales, conflictos de interés entre empresas ejecutoras y auditoras, así como una débil supervisión estatal.

Como advierte Bermúdez, si no se regula con rigor ni se garantiza la participación informada de los pueblos, el mercado de carbono puede reproducir esquemas de despojo bajo el lenguaje de la sostenibilidad.

Conoce más sobre nuestra conversación con Andrés Bermúdez aquí:

Reportajes como los de Bermúdez ilustran cómo el periodismo puede ejercer presión legítima sobre actores económicos y políticos que toman decisiones en nombre del medio ambiente.

Desde esta perspectiva, el periodismo de investigación ambiental no es un narrador externo, sino un actor que incide en las decisiones que moldean territorios y modelos de desarrollo. Al visibilizar impactos, inconsistencias y conflictos, contribuye a que las políticas públicas y las estrategias empresariales se enfrenten a una ciudadanía mejor informada, más crítica y con mayor capacidad de exigir rendición de cuentas.

Esta tarea cobra especial relevancia en América Latina, donde los conflictos ambientales se entrelazan con desigualdades históricas. En este contexto, el periodismo ambiental no solo informa: abre grietas en los consensos dominantes, cuestiona el uso estratégico del lenguaje verde y amplía el debate público sobre el sentido de una transición justa.

Pilar 6: Aprender con otros: justicia ambiental desde las aulas

Aunque con frecuencia se asocia la justicia ambiental a debates técnicos o a movilizaciones sociales, también se construye en los espacios de formación. Cada vez más estudiantes universitarios participan activamente en esta conversación, no solo desde el aula, sino mediante el trabajo de campo, el análisis crítico y la producción colaborativa de conocimiento junto a comunidades en sus territorios.

Un ejemplo de ello es el ejercicio que hicieron estudiantes de Haciendo Economía 2, una clase de la Facultad de Economía de la Universidad de los Andes, en alianza con Polen Transiciones Justas, un centro de pensamiento colombiano especializado en transiciones energéticas justas, inclusivas y viables. Allí, los estudiantes evaluaron y visibilizaron el impacto de uno de los proyectos de Polen Transiciones Justas en La Guajira.

Su participación trascendió la dimensión académica para convertirse en un aporte a la transformación de las narrativas sobre el desarrollo y el cambio climático. Uno de los resultados más valiosos fue la decisión de centrar el análisis en historias de vida, una estrategia que permitió narrar los impactos del proyecto desde la perspectiva de quienes los experimentan cotidianamente.

Descubre cómo se vivió esta iniciativa aquí:

La participación de estudiantes en procesos de investigación e intercambio con comunidades no solo enriquece su formación académica, sino que transforma las formas en que entendemos el conocimiento y su relación con los territorios. En un contexto como el latinoamericano, el trabajo con comunidades permite cuestionar las jerarquías tradicionales del saber y reconocer que las soluciones no provienen únicamente de laboratorios, bases de datos o modelos teóricos.

El diálogo con actores locales y el trabajo de campo se convierten, así, en herramientas centrales para construir un pensamiento crítico, enraizado en la realidad y atento a las tensiones que atraviesan los territorios.

Este tipo de prácticas formativas también invitan a repensar el papel de la universidad. Más que un espacio de transmisión de conocimiento técnico, puede ser un puente entre saberes diversos: los de las ciencias, pero también los de las comunidades, los territorios y los cuerpos.

Apostar por una universidad que escucha, que colabora y que se implica éticamente en los procesos que investiga es una manera de ampliar los marcos de la justicia ambiental. No se trata solo de incluir casos locales en los cursos, sino de generar canales reales de interlocución, en los que las preguntas no se formulen desde arriba, sino que emerjan del encuentro entre distintas formas de comprender el mundo y de habitar el medio ambiente.

Pilar 7: Pensar políticas públicas desde la justicia ambiental

Hablar de justicia ambiental en el ámbito de las políticas públicas implica transformar la manera en la que concebimos el desarrollo, el bienestar y la gestión del territorio. No basta con incorporar criterios ambientales en los planes de gobierno: es importante reconocer que las desigualdades sociales, económicas y ecológicas están profundamente entrelazadas, y que no es posible avanzar hacia la justicia ambiental sin enfrentar esas desigualdades desde el diseño mismo de las políticas.

Con esta idea, desde TREES nos aliamos con Reimaginemos, un colectivo que promueve espacios de diálogo, colaboración y acción entre académicos, artistas, activistas, empresas, gobiernos y ciudadanía, para divulgar una recomendación de política pública con enfoque de justicia ambiental. Esta propuesta surge de los Diálogos Territoriales sobre Desigualdad, encuentros en los que la dimensión ambiental apareció no como un tema aislado, sino como parte integral de las condiciones sociales, económicas y políticas que configuran los territorios.

De estos diálogos surgió el documento “24 recomendaciones de política para la construcción de equidad en Colombia”. Allí se plantea una ruta para abordar estas tensiones desde los sistemas alimentarios. La propuesta parte de una pregunta provocadora: ¿por qué hay hambre en territorios fértiles?

A partir de este cuestionamiento, la recomendación sostiene que repensar la manera en que se produce, distribuye y accede a los alimentos puede ser una vía para enfrentar la exclusión en el campo colombiano y avanzar hacia una transición ecológica justa que reconozca los saberes locales, la autonomía territorial y la interdependencia entre justicia social y ambiental.

La recomendación plantea políticas orientadas a fortalecer redes de producción, transformación y consumo con enfoque territorial, en las que campesinos, pueblos indígenas y comunidades afrodescendientes sean protagonistas. No se trata únicamente de producir alimentos, sino de garantizar autonomía, empleo rural digno y salud territorial.

Algunas de estas apuestas ya están en marcha en diferentes regiones del país. En este video, se presentan iniciativas como el Plan Agroecológico de Nariño o el proyecto CIPAVE en el Valle del Cauca, que ejemplifican cómo es posible construir alternativas desde los territorios, articulando sostenibilidad, justicia social y saberes locales.

Este tipo de apuestas muestran que hacer justicia ambiental desde las políticas públicas no significa limitarse a gestionar riesgos o responder a emergencias climáticas cuando ya es demasiado tarde. Implica concebir al Estado no solo como un aparato que interviene desde el centro, sino como un actor que escucha, acompaña y co-construye con quienes habitan los territorios. Supone establecer relaciones más horizontales entre instituciones y comunidades, y reconocer que la sostenibilidad no se impone desde arriba: se teje con tiempo, confianza y reciprocidad.

En contextos atravesados por desigualdades históricas, hacer justicia ambiental es también hacer democracia. Una democracia que no se reduce al acto de votar, sino que se ejerce cotidianamente, cuando las comunidades pueden decidir sobre el uso de sus tierras, sobre el acceso al agua, sobre cómo y con quién producir sus alimentos.

Una democracia que amplía las voces que cuentan y redistribuye el poder para que las decisiones que afectan a los territorios no se tomen lejos ni sin consulta, sino con la participación efectiva de quienes sostienen la vida en ellos.

4. Conclusión: tejer lo social y lo ambiental

Este especial abrió una conversación sobre los múltiples caminos desde los cuales puede pensarse la justicia ambiental. No se trata de una verdad única ni de una receta técnica, sino de un campo en disputa donde confluyen experiencias, saberes y luchas que cuestionan tanto las formas tradicionales de hacer política pública como ciertos marcos globales de acción climática —por ejemplo, los mercados de carbono o los compromisos de neutralidad establecidos en cumbres internacionales— que a menudo se plantean sin tener en cuenta las realidades del sur global. Frente a ello, este recorrido propone entender la justicia ambiental no como un asunto aislado, sino como una invitación a transformar nuestras formas de habitar, decidir y convivir con los territorios, desde el reconocimiento de las desigualdades históricas y la escucha activa de quienes las enfrentan cada día.

Lo que emerge aquí no es una fórmula cerrada, sino un mosaico de prácticas y aprendizajes que cuestionan las jerarquías tradicionales del saber y del poder en torno a lo ambiental.

Para fortalecer la conversación, tuvimos un foro en el que Julia Miranda Londoño, representante a la cámara, Argenis García Valencia, sociólogo y líder afrocolombiano, Juana Hoffman, Directora Técnica de Amazon Conservation Team Colombia, y Juan Camilo Cárdenas, cofundador de TREES, dialogaron en torno a la justicia ambiental y los mecanismos que la promueven y la limitan. Puedes ver la transmisión en vivo aquí:

Además, a lo largo del especial, ilustramos las conexiones entre justicia ambiental, justicia social, justicia epistémica y justicia climática. Conexiones que parten de reconocer que conservar no basta si no se redistribuyen beneficios y costos; que proteger ecosistemas implica también proteger a quienes los habitan y los cuidan; y que no puede hablarse de sostenibilidad mientras se mantenga la exclusión de voces y experiencias históricamente silenciadas. Más que ofrecer respuestas únicas, esta conversación invita a pensar colectivamente cómo construir transiciones que no solo reduzcan impactos ambientales, sino que amplíen derechos, reconozcan saberes diversos y transformen la manera en que nos relacionamos con los territorios.

Así lo expresó Juana Hoffman, abogada y directora técnina de Amazon Consevation Team Colombia, en nuestra conversación:

En este sentido, la justicia ambiental requiere transformaciones estructurales en las políticas y en la distribución del poder,pero también una ética cotidiana que entienda el futuro no como un destino fijo, sino como un espacio en constante construcción y debate.

La justicia ambiental no es un punto de llegada ni una agenda cerrada: es una conversación abierta, que se alimenta del intercambio entre actores, disciplinas y territorios. Muchas de las experiencias reunidas aquí muestran que ese proceso ya está en marcha. Lo que queda es seguir escuchando, aprendiendo y actuando con responsabilidad colectiva.

Bibliografía

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• Cárdenas, J. C., Castro, K., & Díaz, S. (s.f.). Cambio climático al aula de clases: una exploración experimental del mercado competitivo. Universidad de los Andes, Facultad de Economía, CEDE.

• Cárdenas, J. C. (2017, abril 25). Caso Santurbán: jugando, jugando se va transformando. La Silla Vacía. https://www.lasillavacia.com/red-de-expertos/red-lider/caso-santurban-jugando-jugando-se-va-transformando-juan-camilo-cardenas-trendinglider/

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• El País. (2021, agosto 10). Plantaciones de aceite de palma y turberas: una convivencia imposible. https://elpais.com/planeta-futuro/2021-08-10/plantaciones-de-aceite-de-palma-y-turberas-una-convivencia-imposible.html

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• Gaceta de Iztapalapa. (2023). En Iztapalapa debemos erradicar los tiraderos a cielo abierto, fortalecer al personal de limpia y mejorar la infraestructura. https://gacetadeiztapalapa.com.mx/en-iztapalapa-debemos-erradicar-los-tiraderos-a-cielo-abierto-fortalecer-al-personal-de-limpia-y-mejorar-la-infraestructura/

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