En América Latina —y especialmente en Colombia— el mercado laboral se caracteriza por altos niveles de informalidad, profundas desigualdades por género, origen social, raza y territorio, y por la exclusión de jóvenes, migrantes y poblaciones rurales.
Según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), entre marzo y mayo de 2025 la tasa de informalidad laboral fue del 55,9%, lo que significa que más de la mitad de los trabajadores no cotiza a salud ni pensión. En los centros poblados y rurales dispersos, esta proporción alcanza el 83,4%, lo que evidencia una brecha territorial.
A ello se suman las desigualdades de género: las mujeres ganan en promedio 5,8% menos que los hombres por hora trabajada y enfrentan mayores niveles de desempleo e informalidad.
Es en este contexto que, desde TREES, proponemos este especial para abrir una conversación crítica y diversa sobre los desafíos que enfrenta el empleo en Colombia. Más que ofrecer respuestas cerradas, buscamos problematizar el presente del trabajo y sus futuros posibles.
En Colombia, como señala Óscar Becerra, investigador del Centro de Estudios sobre Desarrollo Económico (CEDE) de la Facultad de Economía de la Universidad de los Andes, estos problemas estructurales se traducen en un mercado laboral desigual, donde más de la mitad de los trabajadores carece de acceso a la protección social.
Las fallas estructurales del mercado laboral colombiano —advierte Becerra— aumentan la pobreza, limitan la productividad y frenan la movilidad social.
Hablar de mercado laboral implica reconocer que el trabajo no solo organiza la economía, sino que también define cómo las personas participan en la sociedad, construyen su identidad y proyectan su futuro.
Como señala la Organización Internacional del Trabajo (OIT, 2019), “el trabajo decente es esencial para el bienestar de las personas y el desarrollo sostenible de las sociedades”. Sin embargo, en Colombia —como en buena parte de América Latina— el trabajo refleja las desigualdades estructurales que atraviesan la vida social.
La informalidad y las desigualdades de género, raza, origen social y territorio no son fenómenos aislados: forman parte de un sistema que históricamente ha distribuido de manera desigual las oportunidades, los ingresos y los derechos laborales, reproduciendo brechas que limitan el acceso a empleo digno y a la protección social.
El profesor Óscar Becerra explica que el mercado laboral colombiano es un espacio donde “se crean puestos de trabajo, pero se destruyen. Además, la dinámica de las empresas colombianas es la dinámica de empresas pequeñas. Más del 90% de las empresas en Colombia tienen menos de 10 trabajadores”.
Este rasgo explica buena parte de la fragilidad del sistema: el tamaño de las empresas limita la productividad, la innovación y la capacidad de ofrecer trabajos formales con protección social. En ese contexto, la reforma laboral busca equilibrar los derechos de los trabajadores con la sostenibilidad empresarial, un desafío que —según Becerra— sigue abierto.
“Esta reforma ha estado muy apuntada a garantizar derechos, es decir, que los trabajadores que ya están contratados con un empleo formal tengan ciertas garantías adicionales, pero no ha estado muy enfocada en tratar de ampliar el número de trabajos disponibles para las personas que están buscando mejores empleos”, señala.
Para profundizar, te invitamos a ver este video en el que el docente e investigador Óscar Becerra y el viceministro de Empleo y Pensiones, Iván Daniel Jaramillo Jassir, analizan la estructura del mercado laboral colombiano, las políticas públicas para hacerlo más digno e incluyente y los desafíos que plantea el trabajo del futuro.
Si quieres seguir profundizando, te proponemos un recorrido por distintos enfoques y voces que permiten comprender mejor los desafíos del mercado laboral en Colombia.
Recorrido por los contenidos del especial
El capital social en el trabajo
En América Latina —una de las regiones más desiguales del mundo, según la CEPAL (2023)— el acceso a un trabajo formal y estable sigue condicionado por factores que poco tienen que ver con el mérito o el esfuerzo. El lugar de nacimiento, el apellido, la educación de los padres o las redes familiares pesan tanto como los títulos o las competencias técnicas. A ese conjunto de relaciones y vínculos que amplían las posibilidades de acceder a un mejor empleo se le conoce como capital social, y es clave para comprender la dinámica del mercado laboral.
Este capital social no solo influye en quién accede a determinadas oportunidades, sino también en cómo se abren o cierran puertas a lo largo de la vida laboral. La socióloga María José Álvarez, docente de la Universidad de los Andes, ha estudiado con profundidad este fenómeno. Su investigación Balanceando el campo de juego, presentada en este Research Film de TREES, ofrece una mirada crítica sobre las desigualdades que enfrentan los jóvenes de primera generación universitaria al ingresar al mundo del trabajo.
El estudio muestra que, incluso con logros académicos comparables, sus ingresos y oportunidades iniciales son menores que los de sus pares más privilegiados.
En últimas, el vínculo entre mejores empleos y capital social pone en evidencia que la desigualdad en el mercado laboral no comienza con la falta de formación, sino en el momento mismo en que se abren o se cierran las puertas del empleo. Reconocerlo es el primer paso para construir políticas y prácticas de contratación que no reproduzcan los privilegios de origen, sino que amplíen el acceso al talento y a la diversidad que necesita el país para crecer.
Desigualdades de género en el mercado laboral
En Colombia, la sobrecarga de cuidado que recae sobre las mujeres explica buena parte de la brecha de empleo e ingresos entre hombres y mujeres, pero sigue siendo una dimensión invisibilizada en la política económica. El tiempo que destinan al cuidado —de hijos, personas mayores o dependientes— limita su participación laboral, su independencia económica y su bienestar.
La infografía “Cuidar no debería costar oportunidades laborales” exploramos cómo las Manzanas del Cuidado en Bogotá están contribuyendo a mejorar la calidad de vida de las mujeres y a abrir nuevas oportunidades.
Desde 2020, las Manzanas del Cuidado —una de las iniciativas más innovadoras de América Latina— han atendido de forma gratuita a más de 860.000 mujeres y sus familias, ofreciendo servicios educativos, de salud y bienestar mientras alguien más cuida a sus seres queridos.
Su apuesta es transformadora: redistribuir el cuidado para liberar tiempo de las mujeres y abrir oportunidades.
Este enfoque demuestra que cuando el Estado asume parte de la carga de cuidado, el empleo femenino crece y la equidad se vuelve más tangible. En una entrevista con El País, Ana Güezmes, representante de la CEPAL, afirmó que invertir en sistemas de cuidado podría aumentar la participación laboral femenina en América Latina hasta en un 12%.
Este tipo de políticas evidencia que avanzar en igualdad requiere reconocer y redistribuir el trabajo de cuidado, así como garantizar condiciones laborales que no profundicen las desigualdades existentes. Sin embargo, no todas las reformas apuntan en esa dirección.
En el Café con TREES, la profesora Natalia Ramírez, de la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes e integrante del Proyecto Digna, reflexionó sobre cómo lareforma laboral de 2025 (Ley 2466), aunque introduce disposiciones orientadas a mejorar las condiciones del trabajo doméstico y rural, podría estar generando efectos adversos sobre el empleo femenino.
“Pensemos en el caso de un empleador que percibe que contratando mujeres va a tener que ofrecerles acuerdos flexibles para permitir la compatibilización de responsabilidades de cuidado. Muy probablemente va a declinar la oportunidad de contratar a esas mujeres”, afirma Ramírez.
Las tensiones que despierta la reforma muestran que las desigualdades de género no se resuelven solo desde la política pública: también atraviesan de manera profunda los espacios donde el trabajo se vive cotidianamente. Y es en ese nivel —el de las prácticas, las culturas organizacionales y las decisiones empresariales— donde se juega buena parte de la equidad.
En entrevista para este especial, hablamos con Mía Perdomo, cofundadora de Aequales, empresa latinoamericana dedicada a promover la equidad de género y la diversidad en las organizaciones. Su reflexión muestra cómo los imaginarios sobre quién encaja en el entorno laboral siguen reproduciendo estructuras de exclusión que limitan la participación plena de mujeres, personas diversas y grupos históricamente marginados.
También evidencia cómo iniciativas como el Ranking PAR, liderado por Aequales, han permitido que cientos de organizaciones midan sus brechas de género, revisen sus procesos y ajusten sus culturas internas hacia una mayor corresponsabilidad.
Jóvenes ante un mercado laboral incierto
En Colombia, para miles de jóvenes, trabajar ya no significa estabilidad. Aunque el país muestra una recuperación en las cifras de empleo, la mayoría de los nuevos puestos siguen siendo informales, con bajos ingresos y sin protección social.
Ante este panorama, muchos jóvenes optan por el emprendimiento en lugar de aceptar empleos precarios. Sin embargo, para una gran parte de ellos, emprender no es una elección plena, sino una salida obligada ante la falta de oportunidades formales.
¿Y qué sucede cuando los jóvenes ingresan al mercado laboral tradicional? Beatriz Blanco, colaboradora de Mutante y líder de la conversación “Hablemos de precarización juvenil”, señaló en entrevista para este especial que lo que muchos jóvenes encuentran no es una oportunidad de crecimiento, sino una experiencia de desilusión: prácticas sin pago, empleos por fuera de su campo profesional o trabajos temporales con condiciones abusivas.
Por esto, es fundamental abordar las tensiones que marcan el comienzo de la vida laboral: la dificultad para acceder a un empleo formal, la presión por generar ingresos inmediatos y la sensación de que la experiencia profesional se construye a costa de la estabilidad. En este Vox Pop (parte 1), les preguntamos a jóvenes sobre las decisiones laborales que han tenido que tomar.
Las voces de los jóvenes muestran que el mercado laboral es un escenario lleno de incertidumbres. La distancia entre la educación, las expectativas y la realidad laboral revela un sistema que no logra garantizar oportunidades justas ni estabilidad.
¿Qué conversaciones necesitamos para transformar el mercado laboral colombiano?
Este recorrido no pretende cerrar la discusión, sino abrir nuevas preguntas sobre cómo trabajamos hoy y qué tipo de trabajo queremos construir para el futuro. Las voces, datos y miradas reunidas en este especial muestran que el mercado laboral en Colombia es un terreno lleno de matices, tensiones y oportunidades por explorar. Precisamente por eso necesitamos más conversaciones: para entender mejor lo que nos está pasando, para cuestionar lo que damos por hecho y para imaginar, entre muchos, caminos más justos e incluyentes.
En TREES queremos seguir impulsando estos diálogos y te invitamos a acompañarnos en las próximas conversaciones, porque transformar el trabajo es —y debe ser— un ejercicio colectivo.
Fuentes consultadas en el especial:
Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). (2022). La inclusión laboral como clave para el desarrollo social inclusivo. CEPAL.
Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). (2023). Panorama Social de América Latina 2023. CEPAL.
Centro de Estudios Distributivos, Laborales y Sociales (CEDLAS). (2022). Desigualdad de ingresos y movilidad social en América Latina. Universidad Nacional de La Plata.
Esquivel, V. (2024). Trabajo, género y desigualdad: desafíos para la equidad en América Latina. Buenos Aires: CLACSO.
Fedesarrollo. (2025). Informe de mercado laboral: empleo informal y protección social en Colombia. Fedesarrollo.
Folbre, N. (2012). The Political Economy of Care: Building a More Caring Economy. Cambridge Journal of Economics, 36(2), 373–390.
Global Entrepreneurship Monitor (GEM). (2021). Informe Global de Emprendimiento 2021: Colombia. GEM.
Global University Entrepreneurial Spirit Students’ Survey (GUESSS). (2024). Informe Colombia 2024. GUESSS Project.
Organización Internacional del Trabajo (OIT). (2019). Trabajo decente y los Objetivos de Desarrollo Sostenible: Guía de apoyo para el diálogo social. OIT.
Organización Internacional del Trabajo (OIT). (2023). Desigualdades persistentes en los mercados laborales de América Latina y el Caribe. OIT.
Perdomo, M. (2025). Entrevista para el especial “Repensar el trabajo: inclusión, desigualdad y transformación”. TREES.
Ramírez, N. (2025). Café con la profe Natalia Ramírez: reflexiones sobre la reforma laboral 2025 (Ley 2466). Facultad de Derecho, Universidad de los Andes.
Sen, A. (1999). Development as Freedom. Oxford University Press.
Standing, G. (2011). The Precariat: The New Dangerous Class. Bloomsbury Academic.
Álvarez, M. J. (2025). Balanceando el campo de juego: desigualdad y primera generación universitaria. Universidad de los Andes / TREES.
Blanco, B. (2025). Hablemos de precarización juvenil. Mutante
Perdomo, M. (2024). Ranking PAR y equidad de género en las empresas latinoamericanas. Aequales.
Alcaldía Mayor de Bogotá. (2024). Manzanas del Cuidado: Informe de resultados 2020–2024. Secretaría Distrital de la Mujer.
González, C. (2025). Desde las aulas: profes enseñando trabajo y desigualdad. Universidad de los Andes.
Bencomo, Tania Z. (2008). “El trabajo visto desde una perspectiva social y jurídica”. Revista Latinoamericana de Derecho Social, n.º 7 (julio-diciembre), pp. 27-57. Universidad Nacional Autónoma de México.
Becerra, Óscar; Bojanini, Gabriela; Eslava, Marcela; Fernández, Manuel. (2023). “La reforma laboral y las necesidades del mercado laboral colombiano.”Nota Macroeconómica n.º 51, Facultad de Economía, Universidad de los Andes.
¿A quiénes nos referimos?¿Qué modelos ponemos en cuestión?¿Y qué otras formas de relacionarnos con el medio ambiente podemos imaginar como sociedad?
Estas preguntas resultan fundamentales para abrir conversaciones sobre sostenibilidad, desigualdad y transformación. En América Latina los conflictos ambientales se entrelazan con historias de exclusión, despojo y violencia. Por eso, hablar de justicia ambiental requiere ir más allá de la conservación o la eficiencia. Supone, sobre todo, examinar las estructuras de poder que determinan quiénes deciden, quiénes se benefician y quiénes asumen los costos del deterioro ambiental.
Más que ofrecer respuestas cerradas, este especial abre un espacio de exploración sobre las múltiples formas en que la economía, la política y la vida cotidiana se entrelazan en los territorios de las comunidades que históricamente han cuidado la naturaleza.
Para guiar este recorrido, organizamos los contenidos en siete pilares temáticos, concebidos como distintos lentes para aproximarnos a los desafíos de la crisis socioambiental en Colombia, que no impacta a todos por igual. Mientras algunas poblaciones cargan con las consecuencias más severas de la degradación ecológica, otras se benefician de los mismos modelos extractivos que la producen.
Surgen entonces preguntas clave: ¿qué estructuras históricas y políticas de exclusión sostienen estas desigualdades ambientales? ¿Cómo pensar una justicia que no solo denuncie las asimetrías, sino que reponga, reconozca y priorice a las comunidades afectadas, al mismo tiempo que coloca el cuidado de la naturaleza en el centro?
A través de voces provenientes de la investigación, el periodismo, los movimientos sociales y las instituciones públicas y privadas, proponemos una conversación plural y crítica, que reconozca las tensiones, contradicciones y también las posibilidades de transformación en este momento histórico.
1. ¿Qué entendemos cuando hablamos de justicia ambiental?
La justicia ambiental no nació como una prolongación de la agenda verde tradicional. Mientras esta última suele centrarse en la conservación de la naturaleza, la protección de ecosistemas o el desarrollo sostenible desde una mirada institucional, la justicia ambiental emerge como una respuesta social y política frente a la distribución profundamente desigual de los daños ambientales. Mientras algunas poblaciones soportan la mayor carga de los daños ecológicos, otras se benefician de los modelos extractivos que los generan.
Esa desigualdad no es fortuita: históricamente, las comunidades empobrecidas y racializadas han estado más expuestas a la contaminación del aire, del agua y del suelo, a los residuos tóxicos y a proyectos extractivos o industriales de alto riesgo. En muchos lugares del mundo, vivir junto a un vertedero, una refinería o una carretera de alto tráfico no es cuestión de azar, sino el resultado de estructuras políticas, económicas y territoriales que benefician a unos sectores mientras trasladan a otros los costos del deterioro ambiental, con efectos directos sobre la salud física, mental y, en general, sobre la posibilidad de llevar una vida digna.
Esta conciencia sobre la distribución desigual de los daños ambientales empezó a visibilizarse en Estados Unidos durante las décadas de 1970 y 1980. Fue entonces cuando comunidades locales —particularmente afrodescendientes— se organizaron para denunciar cómo eran sistemáticamente las más afectadas por la contaminación industrial, los vertederos tóxicos y otras formas de degradación ambiental.
El concepto de justicia ambiental surgió de las luchas impulsadas por comunidades afrodescendientes en Estados Unios. Se trata de una noción de va más allá de la protección y conservación del medio ambiente: exige tambien equidad, reparación histórica y la participación activa de las comunidades de las decisiones que afectan sus territorios.
El concepto de justicia ambiental surgió de las luchas impulsadas por comunidades afrodescendientes en Estados Unidos. Se trata de una noción que va más allá de la protección y conservación del medio ambiente: exige también equidad, reparación histórica y la participación activa de las comunidades en las decisiones que afectan sus territorios.
Un ejemplo emblemático de injusticia ambienta es el caso de Louisiana Energy Services (LES), que en 1989 obtuvo permiso para construir plantas de enriquecimiento de uranio en zonas con alta pobreza y con mayoría de población afroamericana. Este caso, como explica Iván López en un artículo publicado en Eunomía. Revista en Cultura de la Legalidad, fue clave para el desarrollo conceptual de la justicia ambiental, al evidenciar cómo las decisiones sobre riesgo ambiental suelen recaer desproporcionadamente sobre comunidades racializadas y empobrecidas.
Desde entonces, el concepto trascendió sus orígenes locales y fue incorporado por movimientos ecologistas, organizaciones multilaterales y comunidades afectadas en diversas regiones del mundo, especialmente en el sur global. Para comienzos del siglo XXI, la justicia ambiental ya no se limitaba a denunciar el racismo ambiental en Estados Unidos: se había consolidado como una herramienta crítica para analizar cómo las relaciones entre poder, territorio, desigualdad y medio ambiente generan impactos desiguales sobre distintos grupos sociales.
En la actualidad, este lente se aplica en contextos tan diversos como:
El Amazonas brasileño, donde pueblos indígenas como el Mundurukú resisten la minería ilegal y a las represas hidroeléctricas que amenazan sus territorios.
Las periferias urbanas de América Latina, como Villa Inflamable en Buenos Aires oIztapalapa en Ciudad de México, donde comunidades viven expuestas a contaminación del aire, del agua y del suelo.
El Sudeste Asiático, donde megaproyectos como la represa Xayaburi en Laos o las plantaciones de palma aceitera en Indonesia han implicado despojo de tierras, deforestación y pérdida de biodiversidad.
2. Formas en que se expresa la injusticia ambiental
Las desigualdades ambientales no se limitan al ámbito local: también se manifiestan a escala global. El sur global —entendido como aquellas regiones históricamente marginadas del poder económico y político, como América Latina, África y gran parte de Asia— soporta los impactos más severos del deterioro ambiental, pese a haber contribuido mucho menos a sus causas.
De acuerdo con el World Air Quality Report de IQAir, nueve de los diez países con peor calidad del aire se encuentran en el sur global, mientras que los principales emisores históricos —como Estados Unidos, Alemania o Reino Unido— no aparecen en esa lista. Esta disparidad revela un patrón estructural de distribución desigual de cargas y responsabilidades ambientales.
Los países más desarrollados han externalizado parte de los costos ambientales de su crecimiento hacia otras geografías.
De acuerdo con este reporte, 9 de los 10 países con peor calidad del aire están en el sur global:
🇹🇩 Chad.
🇧🇩 Bangladés.
🇵🇰 Pakistán.
🇨🇩 República Democrática del Congo.
🇮🇳 India.
🇹🇯 Tayikistán (el único país de la lista del norte global).
🇳🇵 Nepal.
🇺🇬 Uganda.
🇷🇼 Ruanda.
🇧🇮 Burundi.
Sobre esta mis desigualdad, el informe “Places and Spaces. Environments and Children’s Well-being” de UNICEF advierte que muchas naciones del norte global garantizan condiciones óptimas para sus futuras generaciones a costa de intersificar la degradación ambiental en otras regiones del mundo.
Esto se observa, por ejemplo, en la forma en que muchos países del norte global han reducido sus impactos ambientales locales trasladando actividades contaminantes, residuos o demandas extractivas hacia otras regiones. Aunque internamente logran garantizar mejores condiciones de vida —como aire más limpio, acceso a zonas verdes o regulaciones estrictas—, su huella ecológica se proyecta sobre el sur global, donde se concentran las cargas asociadas a la extracción de recursos, la producción industrial o la disposición final de desechos.
Algunos ejemplos ilustran estas dinámicas:
En Centroamérica, comunidades indígenas y campesinas enfrentan sequías y tormentas cada vez más extremas como consecuencia del cambio climático.
En Colombia, el pueblo U’wa —que habita territorios de páramo en el nororiente del país— ha resistido durante décadas la expansión petrolera. Para esta comunidad, la tierra es sagrada y el petróleo constituye “la sangre de la Tierra”, por lo que su defensa articula dimensiones espirituales, ambientales y políticas.
En África, el auge de los agrocombustibles ha incrementado el precio de los alimentos, con graves repercusiones sobre la seguridad alimentaria local.
En Asia, la producción masiva de aceite de palma en Indonesia ha provocado deforestación y una significativa pérdida de biodiversidad.
Incluso, algunas estrategias impulsadas por organismos internacionales, que en principio buscan mitigar el cambio climático, han generado tensiones importantes. Un ejemplo es REDD+ (Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación de los Bosques), un mecanismo que promueve la conservación de los bosques tropicales como forma de capturar carbono, permitiendo que países o empresas compensen sus emisiones a través de proyectos forestales en el sur global.
Sin embargo, aunque organismos internacionales como la ONU, el Banco Mundial y gobiernos donantes del Norte Global han promovido REDD+ como una solución climática, en múltiples contextos este mecanismo ha sido cuestionado por comunidades indígenas y afrodescendientes en países como Colombia, Brasil y Perú, quienes denuncian que se ha implementado sin consulta previa ni participación plena. Estas comunidades han señalado que el mecanismo puede reforzar desigualdades en el acceso, control y distribución de los beneficios derivados de los bosques. En algunos casos —como reportan organizaciones indígenas amazónicas agrupadas en la COICA—, los proyectos han provocado desplazamientos o han restringido formas tradicionales de vida, en nombre de una conservación impuesta desde afuera.
En TREES hicimos este video en el que participan Juan Camilo Cárdenas, docente e investigador de la Facultad de Economía de la Universidad de los Andes, y Julia Miranda, representante a la Cámara y exdirectora de Parques Nacionales de Colombia. En la conversación, analizan el mercado de bonos de carbono y los alcances y limitaciones actuales de los mecanismos REDD+ en Colombia. Lo puedes ver aquí:
La crisis socioambiental en Colombia no impacta a todos por igual. Mientras algunas poblaciones soportan la mayor carga de los daños ecológicos, otras se benefician de los modelos extractivos que los generan. ¿Cómo se explica esta paradoja? ¿Qué estructuras de exclusión siguen reproduciendo la desigualdad ambiental en el país? Y, sobre todo, ¿qué implicaría avanzar hacia una justicia ambiental que repare, reconozca y priorice a las comunidades afectadas, mientras pone en el centro el cuidado de la naturaleza?
Frente a estos desafíos, emergen diversas estrategias, debates y apuestas orientadas a reconfigurar la relación entre sociedad y naturaleza desde perspectivas más justas y sostenibles. En este especial nos proponemos mapear algunas de esas preguntas clave:
¿De qué manera es posible impulsar una transición ecológica que no reproduzca ni amplifique las desigualdades sociales existentes?
¿Qué modelos de desarrollo, de gobernanza y de producción de conocimiento se encuentran actualmente en disputa en este proceso?
¿Cuál es el papel de los diferentes actores sociales, políticos y económicos en la configuración de un futuro más justo?
Para abordar estas tensiones, organizamos el contenido en siete pilares temáticos, cada uno de los cuales ofrece una entrada particular para pensar los vínculos entre justicia ambiental, conocimiento y acción colectiva.
3. Siete pilares para pensar la justicia ambiental
Pilar 1: Las desigualdades en el día a día: el caso del huracán Iota
Con el propósito de mostrar cómo las comunidades experimentan de manera desigual los impactos del cambio climático, en este especial analizamos el caso del huracán Iota en Providencia. En noviembre de 2020, este fenómeno —el primero de categoría 5 en golpear el archipiélago— dejó una huella profunda en la vida de la comunidad raizal. Este evento fue más que una tragedia natural: significó una ruptura en la infraestructura, la economía y la cultura local. Para comprender mejor estas consecuencias desde la perspectiva comunitaria, conversamos con June Marie Mow, directora de la Fundación Providence, quien compartió cómo la isla ha enfrentado este proceso de reconstrucción y resistencia.
Las consecuencias fueron devastadoras: viviendas destruidas, vegetación arrasada y una comunidad enfrentando pérdidas materiales, afectaciones emocionales y transformaciones dolorosas en sus formas de vida. El proceso posterior de reconstrucción también reveló profundas desigualdades: muchas decisiones se tomaron sin participación local, se levantaron casas en zonas de riesgo y se perdieron prácticas culturales clave, como la recolección de agua en cisternas. Para quienes habitan la isla, el impacto del huracán persiste en las formas en que hoy se habita, se decide y se reconstruye el territorio.
Para narrar esta historia, diseñamos una infografía ilustrada. Conócela aquí:
El caso de Providencia ilustra con claridad la injusticia climática: territorios históricamente excluidos, con bajos niveles de inversión pública y capacidades institucionales limitadas, enfrentan de manera desproporcionada los efectos del cambio climático. No fue únicamente la fuerza del huracán Iota lo que devastó la isla, sino también las condiciones estructurales preexistentes que dificultaron la preparación, la respuesta y la recuperación.
Según el análisis Múltiples Colombias del BID, en la “Colombia Vulnerable”, a la que pertenece regiones como San Andrés y Providencia, más del 58 % de la población presenta al menos una necesidad básica insatisfecha, y solo el 36,8 % accede a agua de calidad. En contraste, departamentos como Bogotá, Antioquia o Valle del Cauca —integrantes de la “Colombia Consolidada”— registran un acceso al agua de calidad del 93,7 %, junto con niveles mucho más bajos de pobreza multidimensional.
Este contraste permite analizar cómo las condiciones estructurales determinan la manera en que se vive una emergencia. Una comparación con territorios más robustos en infraestructura, servicios básicos y capacidad institucional podría mostrar diferencias notables en la rapidez de la respuesta, en el acceso a ayudas humanitarias y en la posibilidad de reconstrucción.
Aun así, la comunidad no parte únicamente de sus carencias, sino también de sus capacidades. En Providencia, organizaciones como la Fundación Providence han trabajado para fortalecer la apropiación local de la gestión del riesgo y promover la participación activa en los procesos de reconstrucción.
En contextos en los que el Estado plantea soluciones externas —muchas veces sin consulta previa y sin conexión con la realidad cultural y ambiental—, la resiliencia no es algo que se imponga desde afuera: se fortalece en el territorio, a partir de la memoria y la organización colectiva.
Pilar 2: Investigaciones desde el sur global sobre justicia ambiental
Para TREES, resulta fundamental divulgar conocimiento riguroso que amplía la mirada sobre las desigualdades desde el sur global. El reto no es solo estudiar los problemas, sino hacerlo a partir de marcos, preguntas y metodologías innovadoras que respondan a contextos concretos, involucren a las comunidades afectadas y dialoguen con los debates globales.
En esta línea, la economista María Alejandra Vélez, profesora titular de la Facultad de Economía de la Universidad de los Andes, ha investigado las tensiones que surgen cuando los mercados de carbono y los proyectos REDD+ se implementan en territorios con baja capacidad estatal y escasa participación comunitaria. En sus estudios sobre REDD+, Vélez Lesmes y colegas han señalado que emergen tensiones entre quienes promueven estos proyectos y las comunidades vinculadas. Estas tensiones, en muchos casos, derivan en cuestionamientos profundos por parte de líderes locales sobre la gobernanza de sus territorios. Aunque no documentados en entrevistas formales, reflejan la preocupación que suelen expresar estas comunidades cuando la información y la participación quedan relegadas.
Por otro lado, un estudio reciente, liderado por Carolina Castro, destaca que los proyectos REDD+ implementados en el Pacífico colombiano tuvieron efectos importantes en la reducción de la deforestación y de los cultivos ilícitos en comunidades afro, en comparación con aquellas que no participaron en estos programas.
En este Research Film, producido en el marco de este especial, la profesora Vélez explica en detalle los mecanismos REDD+, así como sus alcances y limitaciones actuales. Conócelo aquí:
Desde otra perspectiva, el economista Juan Camilo Cárdenas, profesor de la Facultad de Economía de la Universidad de los Andes, ha dedicado más de dos décadas al diseño de metodologías experimentales para comprender y abordar conflictos socioambientales complejos. En casos como el del páramo de Santurbán, su trabajo ha consistido en recrear —mediante juegos y simulaciones— los dilemas que enfrentan campesinos, mineros, funcionarios y habitantes urbanos en torno al uso del agua y los impactos de la minería. El objetivo no es ofrecer una fórmula técnica para resolver el conflicto, sino propiciar espacios de confianza, empatía y acción colectiva.
Estas investigaciones abren preguntas sobre quién define el problema, qué voces son escuchadas y cuáles son las consecuencias de intervenir sin comprender las realidades locales.
En un momento en que abundan las soluciones técnicas y los compromisos globales en torno a un mundo más sostenible, este pilar subraya la necesidad de producir conocimiento que dialogue con los territorios y con quienes experimentan directamente las consecuencias de la crisis socioambiental, al tiempo que resulta pertinente para el debate global.
Pilar 3: Desde las aulas: profes enseñando justicia ambiental
¿Cómo enseñar sobre justicia ambiental en aulas dominadas por números, gráficas y curvas de oferta y demanda? El recurso pedagógico, Cambio climático al aula de clases: una exploración experimental del mercado competitivo, diseñado por Juan Camilo Cárdenas, Karen Castro y Sergio Díaz propone un camino: transformar la clase en un mercado de automóviles vivo, con vendedores, compradores y contratos que, tras varias rondas, revelan no solo quién gana y quién pierde, sino también quién asume los costos ocultos.
La simulación inicia como un mercado competitivo convencional: estudiantes que negocian precios y maximizan utilidades. Sin embargo, la verdadera lección aparece cuando irrumpe el costo ambiental: cada transacción implica un descuento colectivo que todos deben pagar, hayan participado o no.
El entusiasmo inicial se convierte entonces en debate: ¿es justo que todos asuman el mismo costo? ¿qué significa negociar en un mundo atravesado por externalidades como el cambio climático?
Este giro pedagógico convierte la teoría en experiencia. El aula deja de ser un espacio abstracto y se transforma en un laboratorio de justicia ambiental, donde se pone a prueba la tensión entre eficiencia y equidad, entre interés individual y responsabilidad colectiva. Al reflexionar sobre lo vivido, los y las estudiantes descubren que las decisiones económicas nunca son neutras: siempre redistribuyen beneficios y costos, y lo hacen, casi siempre, de manera desigual.
Al hacer visibles los costos ocultos y su distribución desigual, este tipo de experiencias abren conversaciones sobre la necesidad de replantear los supuestos que guían la economía contemporánea. De este modo, contribuye a imaginar modelos menos indiferentes a los daños que generan y más atentos a la equidad en la asignación de responsabilidades, señalando que la transformación hacia economías más justas y sostenibles no es solo deseable, sino necesaria.
Pilar 4: El rol de las empresas en la justicia ambiental
El sector empresarial es uno de los actores que más incide en la configuración de los territorios. Su influencia no se limita a la capacidad económica, sino que se manifiesta también en las consecuencias que generan sus decisiones sobre el uso del suelo, el acceso a los recursos naturales y la transformación de las dinámicas territoriales —es decir, de las relaciones sociales, culturales, ecológicas y económicas que sostienen la vida en un lugar—. Esta incidencia se hace particularmente evidente en zonas rurales, áreas de frontera extractiva o regiones con alta biodiversidad, donde las operaciones empresariales pueden redefinir de manera profunda los modos de habitar, producir y decidir.
Por ello, el papel del sector privado en la justicia ambiental no se restringe únicamente a mitigar daños. Implica transformar sus formas de operar y asumir de manera explícita la responsabilidad por los efectos sociales y ecológicos de sus actividades. Como lo señala Laura Barajas, investigadora de la Fundación Ideas para la Paz, en el informe El potencial de las empresas para transformar territorios (2023): “las empresas no solo deben intervenir para reducir impactos, sino participar activamente en la construcción de bienestar colectivo en los lugares donde operan”.
Esto implica que las empresas reconozcan que la sostenibilidad no es únicamente un asunto técnico ni una estrategia de reputación, sino una dimensión ética fundamental del desarrollo empresarial.
En América Latina, la discusión sobre sostenibilidad empresarial ha evolucionado hacia una visión que reconoce la responsabilidad social, ética y ambiental como parte inseparable de la gestión organizacional. Como señala Miguel Muriel, profesor en la Universidad Internacional SEK, en la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas, en un análisis regional sobre sostenibilidad, “la empresa sustentable es absolutamente compatible con el desarrollo social y el económico”, y demanda una transformación de los modelos tradicionales de producción hacia procesos “alineados con el bienestar de la sociedad” y la “preservación del medio ambiente”.
Este enfoque —cada vez más adoptado por compañías conscientes del contexto medioambiental actual— propone que eficiencia y justicia ambiental no son mundos separados, sino prácticas que deben integrarse desde la planificación empresarial misma.
Una de las empresas que ha buscado avanzar en esta dirección es Grupo Argos, un conglomerado o empresa holding enfocado en el sector de infraestructura, con inversiones en sectores clave como la energía (Celsia), el cemento (Cementos Argos), las concesiones viales y aeroportuarias (Odinsa) y el desarrollo urbano. Su actividad tiene impactos directos sobre el suelo, el agua y la biodiversidad, pero también sobre las comunidades donde opera. En los últimos años, ha comenzado a implementar estrategias de sostenibilidad enfocadas en la reducción de emisiones, la economía circular y el diálogo territorial.
Para este especial, conversamos con Ana María Uribe, gerente de sostenibilidad del Grupo Argos, para conocer cómo una empresa con alto impacto territorial en Colombia está repensando sus estrategias desde una perspectiva de sostenibilidad ambiental y responsabilidad social. Aquí puedes conocer más:
Los avances en sostenibilidad empresarial coexisten con modelos de negocio que generan impactos sociales y ambientales significativos, en particular en territorios históricamente marginados. Este panorama plantea interrogantes que invitan a un análisis más profundo:
¿En qué condiciones puede afirmarse que una estrategia empresarial es sostenible cuando implica la intensificación del uso de bienes comunes como el agua o la tierra?
¿Qué criterios serían pertinentes para evaluar el compromiso ambiental de una organización más allá del cumplimiento normativo o de la publicación de reportes voluntarios?
¿Qué transformaciones institucionales, económicas y organizacionales serían necesarias para que la sostenibilidad se traduzca en prácticas consistentes con los principios de justicia ambiental?
Pilar 5: Abrir la conversación: el rol del periodismo
¿Qué papel tiene en la construcción de justicia ambiental?
Esa fue la pregunta que guio nuestra conversación con Andrés Bermúdez, que ha demostrado cómo el periodismo ambiental no es solo una herramienta de información o divulgación, sino un ejercicio de monitoreo democrático: una práctica que observa, cuestiona y hace seguimiento al poder —institucional, empresarial y político— para exigir transparencia, rendición de cuentas y protección de los derechos colectivos, especialmente en contextos de alta conflictividad socioambiental.
A lo largo de su trayectoria, Bermúdez ha documentado tensiones profundas entre megaproyectos presentados como sostenibles y los derechos de las comunidades que enfrentan sus impactos.
Un caso emblemático es el proyecto de bonos de carbono en Cumbal, Nariño, investigado por Rutas del Conflicto. Allí encontró que una de las comunidades indígenas involucradas —pese a habitar el territorio y realizar labores de conservación— desconocía la existencia del proyecto, las transacciones de bonos ya realizadas e, incluso, los beneficios económicos que debería haber recibido. La investigación evidenció fallas graves en las salvaguardas sociales, conflictos de interés entre empresas ejecutoras y auditoras, así como una débil supervisión estatal.
Como advierte Bermúdez, si no se regula con rigor ni se garantiza la participación informada de los pueblos, el mercado de carbono puede reproducir esquemas de despojo bajo el lenguaje de la sostenibilidad.
Conoce más sobre nuestra conversación con Andrés Bermúdez aquí:
Reportajes como los de Bermúdez ilustran cómo el periodismo puede ejercer presión legítima sobre actores económicos y políticos que toman decisiones en nombre del medio ambiente.
Desde esta perspectiva, el periodismo de investigación ambiental no es un narrador externo, sino un actor que incide en las decisiones que moldean territorios y modelos de desarrollo. Al visibilizar impactos, inconsistencias y conflictos, contribuye a que las políticas públicas y las estrategias empresariales se enfrenten a una ciudadanía mejor informada, más crítica y con mayor capacidad de exigir rendición de cuentas.
Esta tarea cobra especial relevancia en América Latina, donde los conflictos ambientales se entrelazan con desigualdades históricas. En este contexto, el periodismo ambiental no solo informa: abre grietas en los consensos dominantes, cuestiona el uso estratégico del lenguaje verde y amplía el debate público sobre el sentido de una transición justa.
Pilar 6: Aprender con otros: justicia ambiental desde las aulas
Aunque con frecuencia se asocia la justicia ambiental a debates técnicos o a movilizaciones sociales, también se construye en los espacios de formación. Cada vez más estudiantes universitarios participan activamente en esta conversación, no solo desde el aula, sino mediante el trabajo de campo, el análisis crítico y la producción colaborativa de conocimiento junto a comunidades en sus territorios.
Un ejemplo de ello es el ejercicio que hicieron estudiantes de Haciendo Economía 2, una clase de la Facultad de Economía de la Universidad de los Andes, en alianza con Polen Transiciones Justas, un centro de pensamiento colombiano especializado en transiciones energéticas justas, inclusivas y viables. Allí, los estudiantes evaluaron y visibilizaron el impacto de uno de los proyectos de Polen Transiciones Justas en La Guajira.
Su participación trascendió la dimensión académica para convertirse en un aporte a la transformación de las narrativas sobre el desarrollo y el cambio climático. Uno de los resultados más valiosos fue la decisión de centrar el análisis en historias de vida, una estrategia que permitió narrar los impactos del proyecto desde la perspectiva de quienes los experimentan cotidianamente.
Descubre cómo se vivió esta iniciativa aquí:
La participación de estudiantes en procesos de investigación e intercambio con comunidades no solo enriquece su formación académica, sino que transforma las formas en que entendemos el conocimiento y su relación con los territorios. En un contexto como el latinoamericano, el trabajo con comunidades permite cuestionar las jerarquías tradicionales del saber y reconocer que las soluciones no provienen únicamente de laboratorios, bases de datos o modelos teóricos.
El diálogo con actores locales y el trabajo de campo se convierten, así, en herramientas centrales para construir un pensamiento crítico, enraizado en la realidad y atento a las tensiones que atraviesan los territorios.
Este tipo de prácticas formativas también invitan a repensar el papel de la universidad. Más que un espacio de transmisión de conocimiento técnico, puede ser un puente entre saberes diversos: los de las ciencias, pero también los de las comunidades, los territorios y los cuerpos.
Apostar por una universidad que escucha, que colabora y que se implica éticamente en los procesos que investiga es una manera de ampliar los marcos de la justicia ambiental. No se trata solo de incluir casos locales en los cursos, sino de generar canales reales de interlocución, en los que las preguntas no se formulen desde arriba, sino que emerjan del encuentro entre distintas formas de comprender el mundo y de habitar el medio ambiente.
Pilar 7: Pensar políticas públicas desde la justicia ambiental
Hablar de justicia ambiental en el ámbito de las políticas públicas implica transformar la manera en la que concebimos el desarrollo, el bienestar y la gestión del territorio. No basta con incorporar criterios ambientales en los planes de gobierno: es importante reconocer que las desigualdades sociales, económicas y ecológicas están profundamente entrelazadas, y que no es posible avanzar hacia la justicia ambiental sin enfrentar esas desigualdades desde el diseño mismo de las políticas.
Con esta idea, desde TREES nos aliamos con Reimaginemos, un colectivo que promueve espacios de diálogo, colaboración y acción entre académicos, artistas, activistas, empresas, gobiernos y ciudadanía, para divulgar una recomendación de política pública con enfoque de justicia ambiental. Esta propuesta surge de los Diálogos Territoriales sobre Desigualdad, encuentros en los que la dimensión ambiental apareció no como un tema aislado, sino como parte integral de las condiciones sociales, económicas y políticas que configuran los territorios.
A partir de este cuestionamiento, la recomendación sostiene que repensar la manera en que se produce, distribuye y accede a los alimentos puede ser una vía para enfrentar la exclusión en el campo colombiano y avanzar hacia una transición ecológica justa que reconozca los saberes locales, la autonomía territorial y la interdependencia entre justicia social y ambiental.
La recomendación plantea políticas orientadas a fortalecer redes de producción, transformación y consumo con enfoque territorial, en las que campesinos, pueblos indígenas y comunidades afrodescendientes sean protagonistas. No se trata únicamente de producir alimentos, sino de garantizar autonomía, empleo rural digno y salud territorial.
Algunas de estas apuestas ya están en marcha en diferentes regiones del país. En este video, se presentan iniciativas como el Plan Agroecológico de Nariño o el proyecto CIPAVE en el Valle del Cauca, que ejemplifican cómo es posible construir alternativas desde los territorios, articulando sostenibilidad, justicia social y saberes locales.
Este tipo de apuestas muestran que hacer justicia ambiental desde las políticas públicas no significa limitarse a gestionar riesgos o responder a emergencias climáticas cuando ya es demasiado tarde. Implica concebir al Estado no solo como un aparato que interviene desde el centro, sino como un actor que escucha, acompaña y co-construye con quienes habitan los territorios. Supone establecer relaciones más horizontales entre instituciones y comunidades, y reconocer que la sostenibilidad no se impone desde arriba: se teje con tiempo, confianza y reciprocidad.
En contextos atravesados por desigualdades históricas, hacer justicia ambiental es también hacer democracia. Una democracia que no se reduce al acto de votar, sino que se ejerce cotidianamente, cuando las comunidades pueden decidir sobre el uso de sus tierras, sobre el acceso al agua, sobre cómo y con quién producir sus alimentos.
Una democracia que amplía las voces que cuentan y redistribuye el poder para que las decisiones que afectan a los territorios no se tomen lejos ni sin consulta, sino con la participación efectiva de quienes sostienen la vida en ellos.
4. Conclusión: tejer lo social y lo ambiental
Este especial abrió una conversación sobre los múltiples caminos desde los cuales puede pensarse la justicia ambiental. Este recorrido propone entender la justicia ambiental no como un asunto aislado, sino como una invitación a transformar nuestras formas de habitar, decidir y convivir con los territorios, desde el reconocimiento de las desigualdades históricas y la escucha activa de quienes las enfrentan cada día.
Lo que emerge aquí no es una fórmula cerrada, sino un mosaico de prácticas y aprendizajes que cuestionan las jerarquías tradicionales del saber y del poder en torno a lo ambiental.
Para fortalecer la conversación, tuvimos un foro en el que Julia Miranda, representante a la Cámara; Argenis García Valencia, sociólogo y líder afrocolombiano; Juana Hoffman, directora Técnica de Amazon Conservation Team Colombia; y Juan Camilo Cárdenas, cofundador de TREES, dialogaron en torno a las tensiones y los mecanismos que promueven o limitan la justicia ambiental. Puedes ver la transmisión en vivo aquí:
A lo largo del especial, ilustramos las conexiones entre justicia ambiental, justicia social, justicia epistémica y justicia climática. Conexiones que parten de reconocer que conservar no basta si no se redistribuyen beneficios y costos; que proteger ecosistemas implica también proteger a quienes los habitan y los cuidan; y que no puede hablarse de sostenibilidad mientras se mantenga la exclusión de voces y experiencias históricamente silenciadas. Más que ofrecer respuestas únicas, esta conversación invita a pensar colectivamente cómo construir transiciones que no solo reduzcan impactos ambientales, sino que amplíen derechos, reconozcan saberes diversos y transformen la manera en que nos relacionamos con los territorios.
Así lo expresóJuana Hoffman, abogada y directora técnina de Amazon Consevation Team Colombia, en nuestra conversación:
En este sentido, la justicia ambiental requiere transformaciones estructurales en las políticas y en la distribución del poder, pero también una ética cotidiana que entienda el futuro no como un destino fijo, sino como un espacio en constante construcción y debate.
En este sentido, la justicia ambiental requiere transformaciones estructurales en las políticas y en la distribución del poder, pero también una ética cotidiana que entienda el futuro no como un destino fijo, sino como un espacio en constante construcción y debate.
La justicia ambiental no es un punto de llegada ni una agenda cerrada: es una conversación abierta, que se alimenta del intercambio entre actores, disciplinas y territorios. Muchas de las experiencias reunidas aquí muestran que ese proceso ya está en marcha. Lo que queda es seguir escuchando, aprendiendo y actuando con responsabilidad colectiva.
Cárdenas, J. C., Castro, K., & Díaz, S. (s.f.). Cambio climático al aula de clases: una exploración experimental del mercado competitivo. Universidad de los Andes, Facultad de Economía, CEDE.
Giles Álvarez, L., Hernández Florez, M., Larrahondo, C., Muñoz-Mora, J. C., Angulo, G. D., & Quintero, L. M. (2024, junio). Desigualdades territoriales en Colombia: realidades y perspectivas. Monografía del BID, 1217. Banco Interamericano de Desarrollo. https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/igo/
López, I. (2014). Justicia ambiental. Eunomía. Revista en Cultura de la Legalidad, (6), 261–268. Universidad Carlos III de Madrid.
Londoño Mesa, A., Martínez, T., & Vélez, M. A. (2024, julio). Iniciativas REDD+ en Colombia: Balance y recomendaciones. Serie Documentos CEDE, No. 26. Universidad de los Andes, Facultad de Economía.
Muriel Páez, M. H. (2018). Importancia de la gestión sostenible en las empresas del siglo XXI. Revista mktDescubre – ESPOCH FADE, (12), 94–103. Universidad Internacional SEK.
Juan Andrés Díaz, estudiante de Economía de la Universidad de los Andes.
El Especial de Educación y Cohesión Social de TREES fue reporteado por Angie Bautista, Gabriel Barrero, Jefferson Hernández, Juan Andrés Díaz, Julieta Espinosa, María Camila Lozano y Sergio Díaz. Este ensayo es un comentario sobre la reportería del especial.
Siempre he pensado que el esqueleto de la economía aparece en lugares cotidianos. Basta con observar un poco más de cerca para darnos cuenta de las leyes de mercado que los gobiernan. Sin embargo, dentro de la elegancia del lenguaje económico y de los modelos, hay algo que empuja preguntas sobre palabras grandes como democracia, sociedad, el bien y el mal. Y son temas como, en este caso, la educación, los que tienen esa naturaleza cotidiana y a la vez tenaz. Desde que estaba en el colegio, me inquietaba la idea de “vivir en una burbuja” y de que la educación fuera un privilegio.
Este especial de Educación y cohesión social nutrió y moldeó esa inquietud. Hicimos una reconstrucción de los que deberían ser los tres principales ejes del sistema educativo en Colombia: cobertura, calidad y cohesión. Exploramos la ausencia del último y la relación que tiene la segregación educativa con la desigualdad. Pudimos lograr esto gracias a las voces de profesores, servidores públicos, empresarios, escritores y estudiantes. Y aunque las discusiones económicas fueron protagonistas, con cada conversación entendimos que la clave del problema educativo en Colombia va más allá de las relaciones materiales de los economistas.
La existencia de la segregación educativa o, como lo llaman los editores de La quinta puerta, el apartheid educativo, está muy presente en la conciencia de los estudiantes. Es el elefante en la habitación durante la mayoría de nuestras interacciones sociales. Las observaciones de Leopoldo Fergusson, Juan Camilo Cárdenas y Mauricio García Villegas son precisas para describir nuestro comportamiento. Podemos preguntarle a cualquier estudiante de los Andes y nos hará una etnografía casual, pero bien detallada de los “grupitos” que se encuentren por ahí cerca. La decisión de nuestros padres de meternos a un colegio público o privado estableció culturas y marcos de pensamiento diferentes en los que todos nadamos. El apartheid educativo es una realidad innegable, por eso quisimos salir a retratarla. Fuimos a universidades públicas y privadas con tres carteleras. En la primera, las personas debían escribir los dos apellidos de sus mejores amigos del colegio; en la segunda, ubicaban con un sticker su colegio en un mapa de Bogotá y, en la tercera, escribían tres palabras con las que asociaban su experiencia del colegio.
Sin necesidad de escarbar, los resultados de las tres carteleras calcaron el apartheid educativo. Las respuestas de los entrevistados confirmaron la hipótesis de que hay separación y desigualdad en la recepción de un servicio y eso tiene consecuencias sociales importantes. En la primera cartelera encontramos que, a pesar de que hay muchos apellidos transversales a la población, hay un conjunto de apellidos exclusivos de los estudiantes de colegios privados. Los resultados de esta muestra parecen ser coherentes con la investigación The persistence of segregation in education: Evidence from historical elites and ethnic surnames in Colombia de Andrés Álvarez, profesor de la Facultad de Economía de la Universidad de los Andes, y Juliana Jaramillo Echeverri, investigadora del Banco de la República.
En la segunda cartelera, apareció una clara segregación espacial entre los exalumnos de colegios públicos y privados. Finalmente, en la tercera cartelera, vimos cómo el lenguaje cambiaba al describir la experiencia escolar. Aun cuando palabras como “felicidad” o “amigos” aparecían en ambos grupos, otras como “farras” o “IB” solo estaban en el grupo de exalumnos de colegios privados. Cuando le mostramos los resultados al profesor Andrés Álvarez, no pudo evitar reír nerviosamente porque los apellidos eran muy paródicos de las élites bogotanas. Aquello capturó la conclusión de su working paper: el sistema educativo en Colombia reproduce patrones de exclusión que están arraigados en el pasado, lo que obstaculiza el papel de la educación como motor de movilidad social. El video de esta activación está en las redes sociales de TREES, vayan a verlo.
«Cuando tenemos una sociedad segregada en lo educativo, la tenemos también segregada en lo social. Es decir, no es solo que vamos a distintas escuelas, es que nunca nos vamos a casar, nunca vamos a ser amigos, nunca vamos a vivir en el mismo edificio. Nuestras trayectorias están fragmentadas», dijo María José Álvarez, profesora de Sociología de la Universidad de los Andes, sintetizando muy bien lo que encontramos con las carteleras. Al cuestionar de dónde viene esa fragmentación, Mauricio García Villegas nos contó que (para variar) se origina de un gran desacuerdo entre conservadores y liberales. Ambos partidos fallaron en establecer un sistema de educación pública, pues no aceptaban las posturas del otro acerca de quién debía ser el responsable de la educación: si el Estado o la Iglesia.
Después de establecer esa causa fundamental, Mauricio nos habló con más detalle de la causa inmediata del problema del sistema educativo, que identifican él y sus coautores de La quinta puerta: la trampa de la debilidad de los bienes públicos. Esta consiste en que ante una baja oferta de un bien público de calidad, las personas de mayor ingreso privatizan ese bien, lo que conduce a su baja demanda y consecuentemente, una vez más, a su baja oferta.
Fue en la actividad de las carteleras cuando me di cuenta de que los bienes públicos son el esqueleto económico del problema de la educación. Las cosas se sentían diferentes dependiendo de si estábamos en territorio de bienes públicos o bienes privados. La gente empezó a conversar acerca de lo que veían en las carteleras. Recuerdo que, en una universidad privada, un estudiante vio el mapa de Bogotá y lo primero que dijo fue «Ush, ¿esa es Bogotá?», con asombro y un poco de vergüenza, como si nunca antes hubiera dimensionado la ciudad más allá de los límites que él conocía. Pienso que no es tanto su culpa, nuevamente, la segregación educativa es una realidad que parece inescapable. Y es impresionante pensar que el comentario del estudiante está indirectamente causado por una disputa republicana que se distrajo con la educación, y en cuyas consecuencias ahora vivimos absortos.
«La gente habla de que las políticas públicas en Colombia se han concentrado mucho en la cobertura, eso puede ser cierto, pero es que antes no había niños en los colegios, ¿cómo voy a arrancar a hacer calidad si no tengo a quién educar?», dijo Isabel Segovia, secretaria de Educación de Bogotá, cuando empezamos a explorar el impacto y las limitaciones de la política pública en la educación. Para evaluar políticas públicas, dice Isabel, es necesario pensar en la vida de los países. Aunque 25 o 50 años sea un tiempo largo para un ser humano, no lo es para una nación.
A partir de la Constitución del 91 y la Ley General de Educación, Colombia dio pasos enormes. A principios de los años 2000, el sistema empezó a organizarse con un despliegue de infraestructura, profesores, financiación y modelos pedagógicos. «El sistema educativo público que tenemos hoy, el que tiene las deficiencias que tiene, pero que efectivamente cuenta con instituciones educativas, con maestros, con material, con niños matriculados en los colegios y una cantidad de cosas más, existe solamente desde hace 25 años.».
Ahora, Isabel explica que el desafío de calidad tiene una característica importante, la decisión marginal de los padres: «En la medida en que los colegios públicos no sean competitivos, una familia con recursos no va a pensar en meter a su hijo a un colegio público versus poder pagar un colegio privado y que salga con las garantías de convivencia y de calidad que se requieren para salir a enfrentar la vida.» Esto nos confirmó algo que puede parecer obvio, pero que no debemos olvidar: cobertura, calidad y cohesión están profundamente relacionadas y siempre desembocan la una en la otra.
Sobre los esfuerzos actuales de Bogotá, Isabel mencionó los tres programas que esta alcaldía está implementando: Cierre de brechas, Trayectorias educativas completas y Escuela con emociones. El primero busca mejorar la calidad, con énfasis en competencias lectoras, matemáticas y científicas. El segundo enfrenta la deserción escolar, haciendo la educación más conectada con los proyectos de vida de los estudiantes. Y el tercero crea entornos escolares seguros, abordando los problemas de convivencia que se agudizaron tras la pandemia. Esta conversación nos permitió comprender que ha habido avances significativos en cobertura y que, al lograr las condiciones óptimas de calidad, es posible que la educación dé el primer paso para cohesionar una sociedad.
La segregación educativa no está oculta. Los estudiantes saben que existe, la academia la ha estudiado y el sector público ha planteado maneras de abordarla. Entonces, ¿por qué no la erradicamos? Para la secretaria de educación del Distrito, esto es lo que pasa: «Si nosotros pensáramos en políticas de Estado y no de gobierno, tendríamos probablemente resultados de cohesión social más consistentes (…) Yo siempre he dicho que en educación todo el mundo sabe qué hay que hacer, el problema es hacerlo bien.»
Esto que Isabel plantea es precisamente lo que los autores de La quinta puerta proponen. Mauricio García Villegas, coeditor del libro, lo explicó de esta manera: «Nosotros creemos que este es un tema tan importante, que debería dar lugar a una especie de contrato social. Un gran acuerdo, no exclusivamente político, sino un gran acuerdo social de nación, para construir un sistema de educación pública, básica, pluriclasista. Yo no he perdido la esperanza de que ese gran proyecto nacional pueda llevarse a cabo. Mientras eso no se haga, la sociedad colombiana tendrá dificultades enormes, no solamente para progresar económica y socialmente, sino para construir sociedades más amables, más tranquilas, de más consenso y más democráticas». Sobre esto, María José Álvarez explica que es difícil que a un político le interese un proyecto que tenga más de 4 años. Este gran acuerdo requeriría priorizar la educación, comprometerla con una inversión alta y promover una estrecha colaboración entre sector público y privado.
«Una preocupación fundamental del Estado debería ser que las personas, a pesar de su nacimiento, a pesar de sus apellidos, a pesar de la clase social de la cual provienen, tengan igualdad de oportunidades para ascender socialmente. Y la educación pública es el mecanismo ideal para lograr esto. El gran problema es que en Colombia, esa educación pública no solamente no está logrando ese cometido de igualdad social, sino que está haciendo justo lo contrario, que es favorecer la reproducción de las clases sociales tal como están.» ¿Pero cómo logramos que exista tal acuerdo de políticas de Estado que priorice la educación? Este especial nos sugirió que el camino empieza con la sociedad en su conjunto demandando una educación pública, pluriclasista y de calidad.
Para lograr esto se deben plantear los incentivos correctos. Sandra Sánchez López, historiadora y profesora de la Facultad de Artes y Humanidades de la Universidad de los Andes, insiste en que la economía debe tomar un giro más heterodoxo para afrontar este problema. «¿Acaso el sufrimiento de los demás no es incentivo suficiente?», nos preguntó. Y debería serlo. La desigualdad es cruel, es una falta de empatía con nuestra especie; como individuos, no deberíamos soportarla y, como sociedad, tolerarla. Si nos es indiferente, sacrificamos la capacidad del ser humano para unirse y acabamos en sociedades alienadas, con muros cada vez más herméticos. Pero creo que ahí entra lo bonito de la economía clásica, que nació de la idea liberal de concebir al hombre “tal como es” y no como debería ser. Por lo que plantear esos incentivos (con un enfoque heterodoxo) es posible. Creo que la historia ha comprobado que el equilibrio competitivo es bueno, siempre y cuando no deje a tanta gente por fuera.
En ese sentido, la responsabilidad por la educación recae también sobre nuestros comportamientos. Al final, es entre todos que debemos llegar a ese gran acuerdo de nación. La segregación educativa nos inquieta e inicia conversaciones, pero los intereses políticos y sus periodos de gobierno imposibilitan cualquier solución. Hablar de educación trae consigo una nostalgia por una sociedad unida y justa. Alguien que se preocupó mucho por la pérdida de la unidad entre el ser humano fue el filósofo Friedrich Hölderlin. Él tiene una frase que resume cuál debería ser la aspiración de una sociedad y que encaja muy bien al pensar en educación: «Que, así, el hombre mantenga lo que de niño prometió.» Espero que este especial haya comunicado el creciente sentimiento de urgencia de esa promesa.
Accede a los contenidos del especial:
En Colombia, el debate sobre educación suele enfocarse en cobertura, infraestructura y calidad. Pero, ¿y la cohesión social? El cuarto elemento.
