La justicia global también se decide en quiénes pagan y quiénes son escuchados
De unas campesinas cuyos cultivos dejaron de crecer bajo un proyecto de reforestación a las reglas que permiten cobrar impuestos a las multinacionales, el encuentro que organizamos Dejusticia y TREES, del 26 al 28 de octubre, profundizó en cómo se distribuyen las decisiones, los recursos y las cargas de las crisis.
En Zimbabue, unas mujeres campesinas no entendían por qué sus fríjoles y calabazas habían dejado de crecer bajo los árboles de un programa de reforestación. El gobierno, por su parte, no comprendía la falta de entusiasmo de la población con el proyecto. Geri Augusto, quien conversó con ellas durante sus años de trabajo en el sur de África, contó que un entomólogo le ayudó después a entender que el problema radicaba en que los árboles eran eucaliptos traídos de Australia que absorbían el agua de esas tierras secas.
Augusto recordó esa experiencia durante su conferencia magistral en Justicia global: desafíos y caminos posibles, el encuentro organizado por Dejusticia y TREES en la Universidad de los Andes, en Bogotá. Aquellas mujeres, explicó, habían sido sus profesoras. Sus cultivos y su conocimiento del territorio permitían advertir lo que el programa de reforestación estaba pasando por alto.
La historia daba una forma concreta a una preocupación que estuvo presente a lo largo de varias sesiones de este encuentro y es qué ocurre cuando las decisiones se toman sin escuchar a quienes viven sus consecuencias. A lo largo de los tres días, esa discusión apareció al hablar de instituciones internacionales, plataformas digitales, transición energética, impuestos y cuidados.
¿Cómo enfrentamos las crisis?
Desde la apertura, Diana Guzmán, directora de Dejusticia, había propuesto la tarea de “pasar del diagnóstico a pensar soluciones”. Describió crisis climáticas, socioeconómicas y políticas que se entrelazan y afectan de manera desigual a las poblaciones. La pregunta era con qué herramientas enfrentarlas cuando también se debilitan las instituciones encargadas de proteger los derechos.
Esa preocupación también apareció el lunes 26 de octubre en el panel de apertura del evento sobre los Fundamentos teóricos de la justicia global. Allí, Rodrigo Uprimny, investigador sénior de Dejusticia, explicó que el derecho internacional de los derechos humanos ha avanzado en combatir la discriminación, pero tiene herramientas más débiles para enfrentar la desigualdad económica.
Este problema también ocupó un lugar central en la intervención de Steve Price-Thomas, director de Incidencia y Participación de Oxfam International, quien advirtió que la concentración de riqueza permite acumular poder sobre la economía, la política y los medios, e influir en las reglas que deberían limitarla. “No podemos continuar con este modelo que concentra la riqueza y el poder en manos de pocas personas”, sostuvo. Por eso, propuso situar la reducción de la desigualdad en el centro de las políticas nacionales y de la cooperación internacional, y medir el éxito económico por el acceso de las personas a los servicios públicos.
Defender las instituciones existentes y discutir sus límites
Lilibeth Cortés Mora, profesional especializada de la Jurisdicción Especial para la Paz, insistió en mejorar las respuestas a las demandas de las víctimas y precisar qué pueden ofrecer los mecanismos de justicia. Por su parte, en el panel Repensar el Estado y el multilateralismo para afrontar desafíos globales, Sandra Borda, profesora asociada del Departamento de Ciencia Política y Estudios Globales de la Universidad de los Andes, recordó que estos espacios permiten construir formas de coordinación entre actores con intereses distintos. “El multilateralismo es un lugar donde uno negocia las diferencias, no las abandona”, explicó. Su necesidad persiste precisamente en un mundo dividido.
En el diálogo sobre ¿qué podemos hacer para fortalecer el derecho internacional de los derechos humanos?, Magdalena Rochi, oficial de programa de la Global Initiative for Economic, Social and Cultural Rights, propuso mirar el derecho internacional como un sistema. Financiar una política de derechos, afrontar el cambio climático o discutir el comercio internacional exige conectar ámbitos que suelen tratarse por separado.
En ese diálogo, Geri Augusto recurrió al concepto del “lugar de fala”, que significa ser conscientes del lugar desde el que hablamos y escuchamos. Invitó a preguntarse cómo entienden las comunidades la dignidad, la justicia y los derechos humanos, y a reconocer las diferencias entre sus experiencias y conocimientos. “Somos cuerpos que piensan, no solo cuerpos que hacen”, planteó. Su reflexión también exigía revisar la propia posición al entrar en esas conversaciones y preguntarnos qué llevamos a ellas y qué estamos dispuestos a aprender de los demás.
Hacia un orden digital global justo
El martes 27 de octubre, varios expertos mostraron las dificultades de regular poderes que operan a una escala mayor que muchos Estados. Liam Herrick, comisionado jefe de la Comisión Irlandesa de Derechos Humanos e Igualdad, cuestionó la eficacia de las multas para limitar a las grandes plataformas y describió las presiones que su influencia impone a la regulación. Vitória Oliveira, consultora sénior del Centro de Referencia Legal de ARTICLE 19 para Brasil y América del Sur, llamó a examinar los modelos de negocio de la inteligencia artificial y sus vínculos con las grandes empresas tecnológicas. También cuestionó los beneficios que se atribuyen a los centros de datos cuando las comunidades afectadas carecen de voz y de control sobre sus datos.
La distancia entre una promesa de progreso y la experiencia de un territorio reapareció en el panel de Justicia ecológica. Yuvelis Morales Blanco, lideresa ambiental y ganadora del Premio Medioambiental Goldman 2026, se presentó como una mujer ribereña del municipio de Puerto Wilches e hija de pescadores artesanales del Magdalena Medio colombiano. Habló de una región con una larga historia de explotación de hidrocarburos, donde persisten carencias de agua potable y saneamiento básico.
Contó que, ante la llegada del fracking, la comunidad comenzó a investigar junto con el movimiento antifracking global. Desde esa experiencia, pidió una academia responsable y comprometida, y cuestionó una transición energética que pudiera reproducir daños sobre los ríos y las poblaciones. Lyla Mehta, profesora e investigadora del Instituto de Estudios sobre el Desarrollo (IDS) de la Universidad Noruega de Ciencia y Tecnología, añadió que partir de la perspectiva de las comunidades no significa dejarles toda la responsabilidad de enfrentar la crisis climática.
Recursos para financiar derechos
El miércoles 28 de octubre, la conversación sobre Justicia tributaria global abordó el tema de los recursos necesarios para financiar los derechos. José Antonio Ocampo, profesor de la Universidad de Columbia, defendió reglas que permitan gravar a las multinacionales donde tienen actividad económica, aunque no cuenten con presencia física. También propuso mayor transparencia sobre sus operaciones y sobre los propietarios reales de los activos.
Ocampo sostuvo que Naciones Unidas debe asumir un papel central en la cooperación tributaria internacional y cuestionó que esa función recaiga en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos: “La OCDE no es una institución mundial”. La discusión incluía así quién tiene potestad para cobrar impuestos y quién participa en la elaboración de las reglas.
María Emilia Mamberti, profesora de la Universidad Torcuato Di Tella en Buenos Aires, destacó el trabajo de coordinación regional y la participación de la sociedad civil en la Plataforma de Cooperación Tributaria para América Latina y el Caribe. José Manuel Castro Arango, director del Centro Externadista de Estudios Fiscales y profesor de la Universidad Externado, recordó que la justicia tributaria también exige preguntar en qué se gastan los recursos recaudados.
El encuentro de Justicia global: desafíos y caminos posibles cerró con el panel Frente a la crisis de los cuidados: ¿cómo reimaginamos el mundo desde el cuidado?, que permitió retomar la relación entre los recursos públicos y el bienestar. Alma Espino, presidenta y coordinadora del área de Desarrollo y Género del Centro Interdisciplinario de Estudios sobre el Desarrollo en Uruguay, explicó que las actividades que sostienen la reproducción de la vida están en la base del sistema económico y recaen principalmente en las mujeres, mediante trabajo remunerado y no remunerado.
Vasna Ramasar, profesora asociada de Ecología Humana en la Universidad de Lund, conectó esas cargas con los daños ecológicos y con la política fiscal: “a través de los impuestos, se puede crear un bienestar colectivo”. Financiar la salud y la educación también es, desde esa perspectiva, una cuestión de cuidado.
Verónica Moreno Uribe, profesora de la Facultad de Antropología de la Universidad Veracruzana, compartió experiencias de comunidades de cuidados en Veracruz: mujeres que acompañan a sobrevivientes de violencia, redes alimentarias y organizaciones que cuidan ríos o preservan lenguas. Advirtió, a la vez, el riesgo de romantizar esas prácticas en contextos de precariedad. Reconocerlas exige atender las condiciones en las que las personas cuidan.
En el cierre, Diana Guzmán retomó el riesgo de la dispersión, la idea de que cada lucha es independiente o de que quienes la sostienen están solos. Propuso fortalecer las relaciones y ejercer la imaginación política. “En la historia, en las prácticas colectivas de muchas comunidades y de muchas personas, tenemos claves fundamentales para imaginarnos un futuro mejor”.
La historia de las campesinas de Zimbabue ofrecía un punto de partida para esa tarea. Antes de decidir qué sembrar, había que escuchar a quienes sabían por qué los cultivos habían dejado de crecer.
